El sarampión ha emergido como un claro síntoma de las deficiencias en las decisiones de salud pública en el pasado reciente. A medida que nos acercamos a 2026, persiste una insatisfacción ante la falta de una estrategia bien definida. Dos años de la actual administración han transcurrido, y aunque el diálogo ha sido abundante, la acción concreta sigue en deuda. La situación es crítica, porque aunque se reconozcan las necesidades y métodos para abordarlas, la implementación real parece lejana.
Durante este año, no se puede esperar un plan nacional de salud sólido. Los medicamentos, especialmente aquellos de alta prescripción, requieren un tiempo prolongado para su producción y distribución. Este proceso, que abarca desde la planificación hasta la logística, toma al menos ocho meses. Como resultado, para 2026, la Secretaría de Salud se verá obligada a realizar compras directas o licitaciones de corto plazo, poniendo en riesgo la efectividad de la atención médica.
Un elemento central en esta precariedad es la “confianza”. La voluntad política para transformar la situación parece ausente, y el tiempo corre en contra. La fecha límite para iniciar una licitación nacional tenía que ser el 26 de enero, pero los retrasos han llevado a que estos “detalles” se conviertan en obstáculos significativos. Las farmacéuticas necesitan certeza sobre sus costos y la garantía de que no asumirán pérdidas por retrasos en la distribución y almacenamiento.
Actualmente, la falta de una planificación clara, junto con rezagos en pagos a proveedores, está complicando el panorama. La elección de un socio distribuidor capacitado es vital, y la falta de atención en este aspecto repercute directamente en la capacidad de respuesta del sistema de salud. Al interior de la Secretaría de Salud, bajo la dirección de David Kershenobich, aún no se han resuelto estos “detallitos” que pueden significar la diferencia entre una atención médica adecuada y un colapso.
La inacción ante esta crisis no solo afecta el control del sarampión, sino que plantea un retroceso en el tratamiento de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y la hipertensión. La carencia de medicamentos básicos, así como de servicios de atención médica oportunos, se traduce en un grave riesgo para la población. Aquellos que han contribuido al sistema de salud pública a lo largo de los años, especialmente los trabajadores que aportan al IMSS e ISSSTE, pueden encontrar que su esfuerzo no se traduce en un sistema de salud que funcione cuando más se necesita.
El sector privado de la salud se muestra dispuesto a colaborar, pero es imperativo que se tomen medidas inmediatas. Es momento de romper con las estructuras del pasado y enfocarse en la especialización en la compra y distribución de medicamentos y en cumplir con contratos y pagos.
Además, se necesita revitalizar una Cofepris que ha estado inactiva por años, como ha sido el caso bajo la dirección de Víctor Hugo Borja. Realizar cambios sustanciales en la gestión sanitaria no debería ser una tarea compleja, pero el tiempo se agota. La pregunta es si se logrará consolidar el diálogo y si se tomarán decisiones para evitar que el sistema de salud pública continúe deteriorándose.
El futuro del sistema de salud es incierto, pero es evidente que necesita una reestructuración profunda. Mientras tanto, quienes dependen de opciones de salud asequibles, como el seguro popular, se encuentran en una encrucijada. Urge tomar acción y revertir la situación antes de que se torne irreversible. La salud de la población no puede esperar más.
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