Michoacán ha marcado un hito en su historia reciente al romper con más de 30 años de inercia en el endeudamiento público, gracias a la aprobación de una reforma constitucional que limita la contratación de deuda por parte de los gobiernos estatales al sexenio en el que son electos. Este avance se produce en un contexto donde el recuerdo de administraciones pasadas, que dejaron una carga de 22 mil millones de pesos en deudas, aún pesa en la memoria colectiva.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla lideró esta iniciativa, la cual fue reconocida por diversos representantes de los poderes Judicial y Legislativo, así como de varios partidos políticos, como un ejemplo de honestidad y responsabilidad fiscal. La propuesta se distancia de prácticas anteriores donde el endeudamiento servía a intereses particulares, como afirmaron algunos legisladores.
En una reflexión sobre los años de mala administración que van desde 1993 hasta 2021, el gobernador destacó las graves consecuencias que estas decisiones han tenido para el pueblo de Michoacán. Durante su alocución, mencionó cómo la práctica del “fondo de licuadora”, que permitía el uso indiscriminado de recursos, llevó a problemas de liquidez que afectaron el pago de salarios y la realización de obras públicas necesarias.
A pesar de haber heredado este pasado problemático, en los últimos tres años el gobierno ha logrado revertir la situación. Gracias a una gestión más eficiente, se han destinado 20 mil millones de pesos a la amortización de deudas, sin sacrificar los programas sociales ni proyectar las obras públicas que la población demanda.
El gobernador Ramírez Bedolla lamentó que, aunque ha cubierto casi la totalidad de la deuda, los altos intereses aún limitan el uso de recursos que podrían haber sido invertidos en obras. A modo de ejemplo, citó que la deuda con el IMSS, que alcanzaba 2 mil 600 millones de pesos, se ha saldado por completo.
Además de la deuda, la administración ineficaz provocó impagos a trabajadores del sector público y adeudos por obras contratadas, lo que generó un creciente descontento social. Sin embargo, la situación ha comenzado a cambiar. Según el mandatario, Michoacán ha empezado a invertir de manera significativa en distintas áreas, alcanzando más de 40 mil millones de pesos desde 2021, un hito que contradice la narrativa previa sobre la imposibilidad de realizar obras sin recurrir a la deuda.
A día de hoy, la deuda per cápita en Michoacán es de 4 mil 300 pesos, mientras que la inversión pública supera los 8 mil 400 pesos, lo que representa un cambio notable en la política fiscal del estado. Ramírez Bedolla refirió que el actual enfoque administrativo, caracterizado por la honestidad y decisión, está resultando en recursos disponibles para aspectos fundamentales como la educación, la salud y la infraestructura.
Así, Michoacán se aleja de un “círculo eterno de deuda” y, a través de una administración comprometida con el bienestar común, busca construir un futuro más prometedor para sus ciudadanos, un cambio que podría sentar las bases para un desarrollo sostenible y responsable en el estado.
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