Este agosto se conmemora un hito significativo: cinco años del regreso del régimen talibán al poder en Afganistán. Si logran sostener su control totalitario por este período, podrían superar su gobierno previo, que se extendió desde 1996 hasta la invasión encabezada por Estados Unidos en 2001. La falta de intervención armada ha dejado al descubierto el fracaso de las medidas internacionales para desalojarlos.
Desde su retorno, el talibán ha infligido múltiples formas de dolor y sufrimiento al pueblo afgano. Las restricciones han sido severas: las niñas han sido excluidas de la mayoría de las instituciones educativas superiores, mientras los curricula escolares han sido infiltrados por ideologías extremistas. La actividad en redes sociales está controlada rigurosamente, y se han silenciado las voces de las mujeres mediante arrestos y torturas de disidentes, mientras que un nuevo código penal permite actos de violencia doméstica y castigos corporales a niños, pervirtiendo incluso la noción de esclavitud.
Además, en 2023, Pakistán e Irán iniciaron deportaciones masivas de afganos, exacerbando una crisis humanitaria ya crítica. Afganistán, un país vulnerable a desastres naturales y al cambio climático, enfrenta un futuro sombrío. Algunos activistas de derechos humanos se preocupan por una posible aceptación internacional del talibán. Aunque muchos estados han repudiado sus violaciones, algunos gobiernos han comenzado un diálogo con ellos, lo que la activista Metra Mehran califica como una “normalización suave” del régimen.
Los vecinos inmediatos de Afganistán están intensificando sus relaciones comerciales con el talibán. Aunque solo Rusia ha reconocido formalmente a este gobierno, otros podrían seguir su ejemplo; India, tras una visita de funcionarios talibanes, elevó su misión en Kabul a embajada. Asimismo, el intercambio diplomático con China ha aumentado.
El talibán sigue presionando para que se levanten las sanciones y se le permita entrar en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, lo que facilitaría la inversión extranjera. David Sproule, ex representante especial de Canadá para Afganistán, resalta que muchos países, incluida su nación, eligen reconocer estados, no gobiernos, sugiriendo que la normalización puede ser una mera señal simbólica.
Canadá, que destina decenas de millones en ayuda humanitaria a Afganistán, ha reubicado a más de 60,000 afganos desde el retorno del talibán. Su enfoque ha sido uno de “compromiso condicionado”, donde el diálogo con el régimen se condiciona a ciertos requisitos, como garantizar derechos básicos para mujeres y niñas y colaborar en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, estas condiciones parecen haber tenido un impacto mínimo.
Sproule admite que el talibán parece indiferente a la presión internacional, y la comunidad global se enfrenta a la pregunta de cuánto poder de negociación realmente les queda. Las naciones que están buscando establecer lazos con el talibán lo hacen principalmente por intereses de seguridad. La amenaza de insurgencias relacionadas, como el Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), ha motivado a ciertos países a integrarse con el talibán para buscar estabilidad.
Países como Uzbekistán y Turkmenistán están colaborando con el régimen para desarrollar corredores de transporte y energéticos. Sin embargo, algunos analistas sugieren que el compromiso podría modificar las políticas extremistas del talibán. Sin embargo, esta cuestión de si se necesita reconocimiento para producir un cambio sigue sin resolverse.
Por su parte, activistas como Mehran creen que cualquier relación con el talibán es poco ética. Argumentan que fortalecer a un régimen que perpetúa la violencia contra las mujeres no beneficiará los intereses de seguridad ni económicos en el corto o largo plazo. La rendición de cuentas debería ser el enfoque en las interacciones con el talibán, no su empoderamiento.
En 2024, países como Canadá, Alemania, los Países Bajos y Australia comenzaron a procesar al talibán ante la Corte Internacional de Justicia por sus leyes discriminatorias contra mujeres, con la esperanza de que un fallo favorable permita más sanciones. En 2025, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de captura para dos altos funcionarios talibanes por persecución a mujeres y niñas.
Sin embargo, algunas voces, como la senadora canadiense Marilou McPhedran, advierten sobre un deterioro gradual en la firmeza del país frente al talibán. Cambios recientes en la política exterior de Canadá, menos centrados en los derechos de las mujeres, generan preocupación acerca de la disminución de recursos destinados a ayudar a afganos en necesidad.
Algunas activistas afganas, como Mehran, han pedido a la ONU que reconozca el apartheid de género como un crimen contra la humanidad, lo que permitiría enfrentar la totalidad de las injusticias perpetradas por la talibán. Este esfuerzo exige un respaldo sólido de los estados miembros para avanzar en la codificación.
Mientras tanto, el proceso de Doha ha intentado facilitar diálogos con el talibán sobre su legitimidad internacional. Sin embargo, sus constantes rechazos a incluir voces femeninas en estas conversaciones ha desatado rechazos internacionales. Recientemente, el ministro de Relaciones Exteriores talibán enfrentó una oleada de críticas tras una conferencia de prensa donde se excluyó a periodistas mujeres.
A largo plazo, la situación podría experimentar cambios. El apoyo de Pakistán hacia el talibán se ha enfriado, y se han detectado fracturas internas dentro del régimen. Algunos sectores podrían mostrar disposición a suavizar restricciones, especialmente en la educación de niñas, debido a la frustración de la población y la presión internacional.
Propuestas como la de Shukria Barakzai, exmiembro del Parlamento afgano, abogan por un gobierno interino bajo la supervisión de la ONU para facilitar elecciones democráticas. Ella enfatiza la necesidad de que cualquier futuro diálogo contemple la participación activa de mujeres afganas, que ya no son meras víctimas, sino sobrevivientes listas para liderar su nación hacia la paz y la justicia.
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