La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha solicitado al Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Decimonoveno Circuito que requiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejercer su facultad de atracción para examinar el cumplimiento del amparo relacionado con la integración de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala. Este tema no solo representa un punto crítico en las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, sino que también es de interés y trascendencia nacional, dado su impacto en la justicia y el estado de derecho en México.
La CNDH ha expresado su preocupación por las repercusiones de un apremio jurisdiccional notificado hace casi dos meses. Este recurso busca reactivar un amparo que provocó la liberación de 60 supuestos perpetradores, un hecho alarmante que se produjo sin la debida aplicación de dictámenes científicos ni de los protocolos internacionales de Estambul. Estas liberaciones han generado un debate intenso sobre los estándares de justicia y la protección de los derechos humanos en el país.
En su carácter de organismo autónomo, la CNDH ha reafirmado su compromiso de ejercer las atribuciones legales que le corresponden. Asimismo, ha instado al Poder Judicial Federal a garantizar que las investigaciones sobre los hechos del 2014 no sean utilizadas para fines que puedan desviar la atención de las necesidades y derechos de las víctimas. Un pronunciamiento de la CNDH, particularmente fuerte, resalta su temor sobre una posible intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en favor de los acusados en lugar de los afectados, lo que complicaría aún más la búsqueda de justicia.
La CNDH informó que recibió notificación del Tribunal en diciembre de 2025. Su respuesta, enviada el 6 de enero de 2026, indica una imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria dictada. Esto llevó a la institución a excusarse de participar en la mencionada comisión del Caso Iguala, reafirmando su intención de no convertirse en un instrumento que altere el marco jurídico ni interrumpa las investigaciones que están siendo conducidas por la Comisión para la Verdad y la Justicia en Ayotzinapa (Covaj-Ayotzinapa) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR).
La situación actual plantea interrogantes críticas sobre cómo se manejan los casos de derechos humanos en México y sobre la responsabilidad de las instituciones en la búsqueda de justicia. La atención a estos temas sigue siendo vital, no solo para las familias de las víctimas, sino para el fortalecimiento de un sistema judicial que garantice el respeto por los derechos humanos y la verdad.
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