Gobierno Trump acusa a UC de antisemitismo

La administración del presidente Donald Trump ha elevado la tensión en el ámbito educativo al presentar una demanda contra la Universidad de California (UC), específicamente su campus en Los Ángeles. La acusación central sostiene que la universidad no tomó medidas adecuadas contra el antisemitismo que, según la demanda, se ha manifestado durante las protestas estudiantiles en contra de Israel.

Este movimiento legal tiene lugar después de que, en agosto de 2025, Trump exigiera una sanción económica masiva de 1,000 millones de dólares contra la universidad por los presuntos actos de antisemitismo. La demanda, interpuesta por el Departamento de Justicia ante un tribunal federal en California, busca no solo la sanción indicada, sino también una indemnización no especificada para los empleados judíos e israelíes de la universidad, quienes, según se argumenta, fueron sometidos a un entorno laboral hostil.

“Tras la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel, la administración de UCLA hizo la vista gorda —y en ocasiones facilitó— actos grotescamente antisemitas”, señala la demanda, que destaca la falta de respuesta a las solicitudes de ayuda de los empleados afectados. El fiscal general del estado, Pam Bondi, expresó que las autoridades de UCLA permitieron que el antisemitismo prosperara, afectando tanto a estudiantes como a personal académico.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, miembro de la junta directiva de la UC, acusó a Trump de “extorsión” por su cuantiosa demanda, afirmando que el presidente republicano intenta maniobrar en contra de la libertad académica. Este conflicto es parte de una estrategia más amplia de Trump, que ha visto a la Universidad de Columbia como su primer blanco en su campaña contra las universidades de élite, acusándolas de no hacer lo suficiente para combatir el antisemitismo.

Columbia, en respuesta a las presiones del gobierno, ha enfrentado consecuencias financieras severas, incluyendo la pérdida de cientos de millones de dólares en financiación federal. Además, llegó a un acuerdo para pagar 200 millones de dólares y otros 21 millones para resolver una investigación relacionada con actos antisemitas en su campus.

Trump, por su parte, ha extendido sus demandas a otras instituciones, incluyendo Harvard, a la que le reclama la misma suma de 1,000 millones de dólares por supuestamente no proteger adecuadamente a los estudiantes judíos durante protestas pro-palestinas. Este enfoque sugiere una intensificación en la vigilancia del entorno académico y sus reacciones ante el antisemitismo, planteando preguntas sobre la libertad de expresión y la responsabilidad institucional en temas tan complejos.

La situación continúa desarrollándose, y sus implicaciones no solo afectan a las universidades implicadas, sino que también podrían tener repercusiones más amplias sobre la forma en que se manejan las disputas sobre la libertad de expresión y la protección de minorías en el entorno educativo estadounidense.

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