Transformación o permanencia en el camino

A medida que se acerca la fecha límite para registrar aspirantes a la Auditoría Superior de la Federación, el panorama se torna incierto. Hasta ahora, solo una decena de interesados se ha presentado en San Lázaro para presentar su expediente, lo que no solo refleja un escaso interés, sino que también deja fuera a algunos de los candidatos más mencionados.

David Colmenares Páramo, actual auditor, y la fiscal anticorrupción, María de la Luz Mijangos, no han cumplido con el trámite hasta el momento. La lista de ausentes incluye también a figuras destacadas como Muna Dora Buchahin y Gerardo Lozano Dubernard, supuestos opositores a la reelección de Colmenares Páramo. A la lista de auto descartados se suman Arely Gómez González y Aureliano Hernández Palacios Cardel, quienes han optado por no participar en el proceso convocado por la Comisión de Vigilancia de la ASF.

Mientras quedan solo 72 horas para el cierre de registros, se destaca la participación de Emilio Barriga, quien ocupó un alto cargo en la auditoría de gasto federalizado, y Juan José Serrano, exsecretario de la Contraloría de la Ciudad de México, quienes han manifestado la necesidad de cambios significativos en el sistema auditivo del país. Aunque algunos candidatos aseguran que no buscan un “concurso de popularidad”, su identidad permanece en el anonimato para evitar que la convocatoria favorezca a Colmenares Páramo o a algún otro candidato preferido.

En medio de esta situación, voces en el ámbito académico y de la sociedad civil han comenzado a expresar su oposición a la reelección de Colmenares Páramo, respaldando la necesidad de elegir un “auditor del pueblo”, idea que ha promovido el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuellar. Por su parte, los sectores que apoyan su continuidad sostienen que su propuesta de un “plan B” podría implicar la designación de Alfonso Damián Peralta en caso de que no avance la reelección.

Con la designación del nuevo auditor superior que abarcará el periodo 2026-2034 a la vuelta de la esquina, organizaciones como México Evalúa y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM han convocado a un diálogo amplio entre académicos, funcionarios y organizaciones civiles. El objetivo de estas conversaciones es abordar propuestas específicas para mejorar la autonomía y efectividad del sistema de fiscalización en el país.

Apenas después de elegir al nuevo titular de la ASF, la Cámara de Diputados deberá sancionar una reforma destinada a rediseñar el sistema de rendición de cuentas y garantizar un seguimiento adecuado del uso de los recursos públicos.

En un contexto paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su decálogo de propuestas para modificar el sistema electoral, una iniciativa que ha pasado por un proceso de diagnóstico y consulta. Esta propuesta, que se enviará a la Cámara de Diputados en el próximo mes, busca ajustar lo que el PT y el PVEM han discutido durante meses.

Finalmente, el ayuntamiento de Jiutepec ha tomado la delantera en la armonización de sus reglamentos con la reciente legislación federal en combate a la corrupción, marcando un paso importante en la política estatal de cero impunidad. Con estos movimientos, el futuro del sistema de rendición de cuentas en México está más que en juego; está en plena transformación.

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