El pasado domingo, 25 de febrero de 2026, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió un golpe significativo con la muerte de su líder, Nemesio “el Mencho” Oseguera, durante un enfrentamiento con fuerzas especiales del Ejército en Tapalpa, Jalisco. La noticia fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Gabinete de Seguridad. Sin embargo, a pesar de esta confirmación oficial, emergió un clima de desconfianza en las redes sociales.
Como es habitual en situaciones de este tipo, circularon a gran velocidad videos y fotos manipuladas, así como informes falsos sobre incendios en aeropuertos y destinos turísticos. Los verificadores y las autoridades intentaron desmentir estas afirmaciones, pero el daño ya estaba hecho: la confusión y el miedo se propagaron, y muchas personas recurrieron a teorías de conspiración, señalando que todo se trataba de un “montaje.”
La incredulidad hacia las instituciones no es sorprendente; la desconfianza se ha ganado a lo largo de los años. No obstante, es cuestionable la tendencia de calificar cualquier evento como “puro teatro” sin pruebas concretas. Un montaje de tal magnitud requeriría una coordinación minuciosa entre Sedena, la Guardia Nacional, la FGR, así como la manipulación de peritajes y la existencia de funerales falsos, un proceso que sería extremadamente complejo y difícil de sostener.
Uno de los reclamos más comunes surgió en torno a la falta de “pruebas” fotográficas del cuerpo. Sin embargo, legalmente, el gobierno no está obligado a mostrar cadáveres; la identificación debe basarse en peritajes, no en imágenes sensacionalistas. Exigir fotografías como prueba es, en esencia, solicitar un espectáculo y empujar al gobierno a intentar ganar credibilidad en un entorno con poco margen de maniobra.
El costo humano de esta operación no es una mera estadística. La confrontación dejó 25 elementos de la Guardia Nacional muertos, junto con un agente ministerial, un custodio y una mujer embarazada. En el bando criminal, se reportaron 34 delincuentes muertos y 70 detenidos. Aunque es válida la pregunta sobre “a qué costo,” reducirlo a simple cifra es simplista; hay factores como el terreno y el armamento que juegan un papel crucial en tales enfrentamientos.
Las consecuencias de este evento no se hicieron esperar. La violencia subsecuente, que incluyó narcobloqueos y ataques a comercios, a menudo es interpretada como un fracaso gubernamental. Sin embargo, esta es una reacción esperable de un cártel que enfrenta una pérdida significativa; la organización buscará demostrar su poder mientras se reorganiza tras la muerte de su líder.
Desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, no se habían tomado acciones de esta magnitud. Algunos especulan que había un temor al colapso de seguridad similar al de Culiacán, mientras que otros sugieren contubernios o razones aún no explicadas. Lo que sí está claro es que la operación ocurrió bajo una inteligencia acumulada y con el decidido liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum. La colaboración con Estados Unidos no debe confundirse con una rendición; la acción fue una decisión estrictamente mexicana.
A pesar de la muerte de el Mencho, el CJNG no se desmantela automáticamente. Históricamente, la eliminación de un líder puede llevar a disputas internas por el control. Si el enfoque del gobierno no se traduce en una estrategia efectiva que incluya inteligencia, cercos financieros y control territorial, el CJNG solo cambiará de dueño mientras la población civil sigue sufriendo las consecuencias en el terreno.
Este desarrollo abre un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico en México, y la forma en que se maneje en los próximos días y semanas podría determinar el rumbo de la seguridad en el país.
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