El gobierno mexicano se encuentra en medio de una crisis fiscal que parece inevitable. Con un déficit público que ronda el 5% del PIB y una deuda que se aproxima al 60% del PIB, las cifras son alarmantes. Este panorama se ve aún más difuso frente a una recaudación que apenas alcanza el 18% del PIB, situándose entre los niveles más bajos de la OCDE y América Latina.
Un factor clave en esta crisis es el crecimiento exponencial de las pensiones, tanto contributivas como no contributivas, así como la expansión de subsidios clientelistas. En este contexto, el desfalco que se ha visto en Pemex, sumado a subsidios a diversos proyectos militares, agrega presión al ya agobiado erario. El gobierno necesita recursos, pero enfrenta un sector formal en contracción, con un empleo que se reduce y un sector informal que abarca más del 55% de la fuerza laboral.
Mientras la necesidad fiscal se vuelve urgente, las propuestas de reforma parecen restringidas. Incrementar el Impuesto sobre la Renta (ISR) para empresas y trabajadores podría ser contraproducente, y expandir el IVA a alimentos y medicinas sería un movimiento arriesgado desde el punto de vista político. Aumentar el IEPS a las gasolinas también tiene un claro riesgo de impactar negativamente en la economía de los ciudadanos. Las posibilidades de recortar aún más el presupuesto en áreas críticas como seguridad, educación y salud ya presentan límites evidentes, dado su estado de degradación.
Ante este escenario, el gobierno podría considerar la implementación de impuestos a la riqueza, gravando el patrimonio de los más acomodados como una opción viable. Sin embargo, este enfoque no está exento de complicaciones. Los impuestos a la riqueza no gravan ingresos directamente, sino el valor de activos, lo que puede resultar en una doble tributación. Por ejemplo, un impuesto del 5% sobre un activo que genera un rendimiento del 5%, después de impuestos, podría teóricamente llevar a pagar una tasa efectiva del 100% sobre ese ingreso, lo que puede considerarse confiscatorio.
Adicionalmente, la experiencia internacional sugiere que estos impuestos suelen ser ineficaces. En países de la OCDE que han aplicado impuestos a la riqueza, la recaudación promedio ha sido de solo 0.2% del PIB, y su implementación presenta costos de administración elevados y problemas para valuar activos, especialmente en mercados de capital volátiles.
Otro argumento contra este tipo de impuestos es que pueden desincentivar la inversión. Al reducir los rendimientos después de impuestos de los activos, los impuestos a la riqueza podrían atentar contra la expansión de las capacidades productivas y disminuir el apetito por el riesgo entre inversionistas y empresarios. Este contexto sería una penalización directa sobre la formación de capital, afectando en última instancia al nivel de salarios.
Por último, la existencia de impuestos a la riqueza puede llevar a distorsiones en las carteras de inversión, impulsando a los activos menos productivos o fácilmente escondibles. En lugar de depender de impuestos contraproducentes, la solución a la consolidación fiscal en México podría estar en recortes significativos a un gasto público improductivo y en combatir de manera decidida la economía informal.
La situación fiscal del país requiere atención inmediata y reformas que consideren no solo la recaudación, sino también la eficacia del gasto público, para asegurar una recuperación sostenible y responsable en el próximos años.
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