El Congreso argentino aprobó el pasado viernes la reforma laboral propuesta por el presidente Javier Milei, marcando un camino hacia la flexibilización de las normas laborales en el país. Este cambio legislativo, denominado “ley de modernización laboral”, ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera del ámbito político, siendo recibido con críticas de parte de sindicatos y sectores de la oposición.
Con el objetivo de estimular la contratación en un contexto de alta informalidad laboral —con un 43.3% de la fuerza de trabajo fuera de la legalidad—, la reforma introduce significativos recortes en las indemnizaciones, permite pagos en bienes o servicios y restringe el derecho a huelga. Además, permite jornadas de trabajo de hasta 12 horas sin compensación adicional, en su lugar ofrece horas libres negociables.
En un mensaje en redes sociales, Milei celebró esta aprobación como un hito en la historia laboral argentina, argumentando que desmonta la noción de que la destrucción de empleos es un medio para proteger derechos. Patricia Bullrich, senadora aliada de Milei, defendió la necesidad de un entorno que favorezca la inversión y genere empleo, mientras que miles de manifestantes se congregaban frente al Congreso, expresando su descontento con mensajes tales como “la patria no se vende”.
La votación final en el Senado fue de 41 a favor, 28 en contra y dos abstenciones, lo que valida la rapidez con la que se tramitó el proyecto en medio de protestas y una huelga general que afectó el funcionamiento del país. Por otro lado, durante este mismo día, también se legisló sobre la reducción de la edad de imputabilidad, otro de los proyectos emblemáticos de Milei.
Las críticas no se han hecho esperar. José Mayans, un senador peronista, lamentó las restricciones impuestas al derecho de huelga, mientras que Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, calificó la reforma de “regresiva”, argumentando que el empleo depende más de decisiones políticas económicas que de la legislación laboral en sí.
En el contexto actual, donde más de 21,000 empresas han cerrado en los últimos dos años y se han perdido alrededor de 300,000 empleos, la implementación de esta ley plantea dudas sobre su efectividad. Si bien la economía argentina experimentó un crecimiento del 4.4% en 2025, este auge estuvo impulsado por sectores como el agro, dejando de lado a la industria manufacturera y al comercio, que tradicionalmente son grandes generadores de empleo.
A pesar de estas profundas divisiones, una encuesta reciente indica que la opinión pública está casi dividida respecto a la reforma: un 48.6% la apoya mientras que un 45.2% se opone.
Con la sanción de estas leyes, Milei se prepara para presentar su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante el Congreso, lo que sigue sumando un capítulo más en el dinámico contexto político argentino de 2026.
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