El acceso a la salud sexual de las mujeres y hombres transgénero en México aún es limitado, pese a los esfuerzos de colectivos y activistas para reducir la brecha de atención.
Ricardo Baruch, doctor en Salud Pública y activista de los derechos humanos LGBT+, considera que aún hay mucho camino por recorrer.
“En realidad estamos bastante atrasados en todo el tema de atención específica a las personas trans en lo que tiene que ver con su proceso de transición de sexo. Porque, digamos que en lo general una persona trans tiene el mismo acceso a otro tipo de intervenciones como cualquier otra persona, como si alguien tiene apendicitis se les va a atender de acuerdo con su seguridad social, pero en lo que se refiere a tratamiento de reemplazo hormonal o intervenciones quirúrgicas que podrían necesitar personas trans, ahí ya es diferente. Por ejemplo, sólo existe terapia de reemplazo hormonal en un par de entidades de este país, incluyendo la Ciudad de México, pero ni siquiera es como que exista para todo el mundo, sino que son servicios bastante limitados y en lo que tiene que ver con cirugías ahí prácticamente en ningún lado están cubiertas”, cuenta a la Organización Editorial Mexicana.
Guías marcan pero no obligan
Romina Rosales, mujer trans y activista en Puebla, conoce ese camino.
“No hay manera. Cuando tu te presentas con una imagen e identidad no importa como sea, si tus documentos no te avalan no te pueden dar servicios de salud acorde a tus necesidades. No te pueden dar la atención sobre todo por el tema de los prejuicios”, confiesa.
Romina forma parte de quienes lucharon para que ese estado de la República se sumara a los que permiten la modificación y el reconocimiento de la identidad de género autopercibida. La llamada Ley Agnes, nombrada así por Agnes Torres Hernández, mujer transgénero psicóloga y activista por los derechos de las personas trans que fue asesinada en marzo de 2012; la ley entró en vigor el 23 de junio.
“Nos va a dar piso parejo, para empezar. Tener un nombre, una identidad, valida lo que realmente eres, te valida como estudiante, como profesionista, ante las instituciones, hasta para acceder a servicios de salud, educación e igualdad social”, agrega.
Protocolo y gastos
El Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual nació hace cuatro años para garantizar salud de calidad para la comunidad LGBT+.
En el caso particular de las mujeres y hombres trans se conforma de tres componentes. En el primero se establecen una serie de acciones para reforzar la atención médica de las personas transgénero que debe observar el personal de atención médica y paramédica en los establecimientos que conforman el Sistema Nacional de Salud.
El segundo componente se refiere a criterios diagnósticos en el tratamiento médico especializado para las personas trans; y el componente tres plantea un modelo de atención mexicano con base en la experiencia transitada por varios años en la Clínica Condesa, institución referente ubicada en la Ciudad de México.
Clínica trans
La Ciudad de México no sólo ha sido referente para este protocolo, también para la garantía de acceso a la salud de la comunidad trans. Sin embargo, uno de los proyectos con los que prometió mejorar el servicio aún no se concreta y su clínica estrella se vio afectada por la pandemia de Covid-19.
En septiembre de 2020. El Gobierno local anunció que la tercera clínica especializada en atención a personas de la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual (LGBT+) estaría lista a finales de ese año. Sin embargo, el área de prensa de la Clínica Condesa dijo que no puede dar información sobre los avances prometidos.
Ubicada en la calle Manuel Carpio 470, esquina Plan de San Luis, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo. Ofrecerá seis consultorios para consulta externa: dos de medicina general, uno de endocrinología, uno de urología, uno de psiquiatría y uno dental. Asimismo, habrá un cubículo de derechos humanos y uno de salud sexual.
