La reciente ampliación de la consulta pública sobre el Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México, ahora hasta el 10 de abril, nos recuerda la importancia del Derecho a la Ciudad. Aunque el documento asegura que la administración busca garantizar este derecho, transformando la metrópoli en un espacio “democrático”, “igualitario” y “habitable”, se hace evidente que detrás de este discurso se encuentran propuestas que contradicen tales aspiraciones.
El PGD anuncia la creación de un sistema de “Casas de Gobierno” que podría actuar como una estructura paralela a las alcaldías. Este cambio promete una mayor cercanía entre las instituciones y la ciudadanía, así como la construcción de un “Sistema Integral de Participación Ciudadana y Control Comunitario”. Se proyecta edificar al menos veintiuna de estas casas, una en cada alcaldía, para fortalecer los mecanismos de participación social y facilitar el diálogo directo.
Sin embargo, el nuevo modelo involucra una reestructuración del sistema actual de participación ciudadana. Las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACOs) se verán relegadas a meras fuentes de información, mientras que las consultas serán dirigidas por las Casas de Gobierno bajo la supervisión del Instituto de Planeación de la CDMX (IPDP). Esto plantea serias interrogantes sobre el nivel de control que el gobierno tendrá sobre la participación ciudadana y si realmente promueve un involucramiento genuino o limita la voz de la comunidad a lo que se ajuste a sus propias metas.
La propuesta de consolidar estas casas parece una duplicación innecesaria de funciones y gastos, especialmente en un contexto de recortes por “austeridad”. La pregunta surge: ¿qué implicaciones tendrá esto para las alcaldías y su capacidad de respuesta a las necesidades de la comunidad? Este esfuerzo por centralizar la participación podría alejar la democracia local, que depende de una voz plural y activa en las decisiones de gobierno.
El primer modelo de Casa de Gobierno, que se inauguró en Coyoacán en 2025, se presentó como un ejemplo de descentralización administrativa. No obstante, se discute por qué se plantea elevar este modelo a nivel constitucional, ya que podría percibirse como una mera ventanilla para trámites más que un verdadero espacio de empoderamiento comunitario.
La democratización de la Ciudad de México debe centrarse en fortalecer la participación desde las alcaldías, fomentando los mecanismos existentes de democracia directa en los barrios y asegurando que el gobierno cumpla su función: facilitar un transporte público eficiente, garantizar servicios adecuados y asegurar la seguridad para todos.
Frente a los retos actuales, un gobierno comprometido con la justicia social debe prestar atención a las voces que exigen un freno a los megaproyectos inmobiliarios y rechazan las “centralidades” redensificadas. Es vital que se respete la pluralidad que forma este diverso tejido urbano.
Esta comunicación con la comunidad no solo es esencial para el desarrollo de la ciudad, sino para el ejercicio efectivo de nuestro derecho a decidir sobre nuestro entorno y nuestras vidas. En medio de un panorama donde el Control Comunitario se ve amenazado, la lucha por un futuro más inclusivo y democrático para la Ciudad de México continúa.
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