La salud pública en México enfrenta una paradoja inquietante: resulta más fácil modificar una ley que garantizar acceso efectivo a servicios vitales. En un contexto donde el cáncer es la tercera causa de muerte en el país, con alrededor de 91,562 fallecimientos anuales según el INEGI, se observa una desconexión alarmante entre lo que estipulan las normas y la realidad que viven los pacientes.
Un claro ejemplo de esta disonancia se presenta con la reciente reforma a la Ley General de Salud, publicada el 15 de enero de 2026, destinada a “atender” el cáncer. A pesar del eco mediático y la sensación de cambio que genera, los pacientes del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” han estado sin acceso a la radioterapia durante más de tres años. Este emblemático hospital, que en su apogeo contaba con tres aceleradores lineales y un servicio de braquiterapia, hoy refleja un retroceso inaceptable en la atención oncológica, llegando a compararse con prácticas de hace más de un siglo.
La reciente inauguración del Hospital Oncológico para la Mujer “La Pastora” añade otra capa de ironía a este panorama. Aunque las autoridades prometen que la atención comenzará en 30 días, el nuevo hospital no contará con sala de radioterapia. Inaugurar un hospital oncológico sin este equipamiento esencial es comparable a abrir un aeropuerto sin pista de aterrizaje, un acto que podría dejar las intenciones de mejora en el aire.
Un censo nacional reciente revela cifras preocupantes sobre los recursos de radioterapia en México: solo 1.19 aceleradores lineales por millón de habitantes, el número más bajo entre los países de la OCDE. Comparativamente, Estados Unidos tiene 11.5 y Canadá, 3.0. Además, la Ciudad de México alcanza el mínimo recomendado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) de cuatro equipos por millón, mientras que en varios estados hay un único centro, siendo el caso crítico de Tlaxcala, que carece de uno.
Este déficit no es exclusivo de México. Un análisis de Elbanna et al. destaca que América Latina y el Caribe requieren urgentemente 668 unidades de megavoltaje y, para 2030, se prevé que esta cifra se duplique. La cobertura en la región es apenas del 63%, mostrando que las herramientas para tratar el cáncer son anticuadas frente a la rápida progresión de la enfermedad.
Adicionalmente, la falta de acceso a la inmunohistoquímica —una técnica crucial para la identificación de subtipos de tumores— agrava la situación. En el sector público mexicano, esta técnica es escasa o requiere largas esperas, lo que afecta directamente la calidad de la atención. Para una paciente con cáncer de mama, cada día de retraso puede ser devastador.
La radioterapia es fundamental, siendo parte del tratamiento estándar para más del 50% de los pacientes con cáncer. Modificar las leyes es un paso, pero sin inversiones adecuadas para equipar hospitales y formar oncólogos capacitados, estas adecuaciones resultan ineficaces.
Los datos sobre la insuficiencia de recursos están bien documentados y accesibles, y las necesidades de los pacientes son evidentes. La cuestión no es si México cuenta con leyes de protección para el paciente oncológico; la interrogante verdadera radica en la existencia de la voluntad política y los recursos necesarios para cumplirlas. La situación actual exige una reflexión seria y un compromiso inmediato. La salud de miles de pacientes en espera no puede quedar relegada a promesas vacías.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
