La noche del 18 de agosto de 2011, un hombre cenaba en un puesto de comida en Petacalco, Guerrero, cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina lo abordaron. Tras preguntarle su nombre, comenzaron a golpearlo y lo subieron a una camioneta rumbo al cuartel de la Marina en Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fue torturado. Al día siguiente, fue presentado ante un Ministerio Público. Este suceso ha llevado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a señalar a ambas fuerzas armadas por actos de tortura, exigiendo reparación del daño y colaboración en la investigación.
De acuerdo con la recomendación de la CNDH, se revisaron los testimonios de los militares, quienes afirmaron haber encontrado a un grupo de personas que huyeron al verlos. En el punto de encuentro, identificaron a un hombre que, según ellos, portaba armas, y lo sacaron de abajo de una mesa. Sin embargo, la realidad del testimonio del detenido revela que, mientras cenaba, escuchó disparos, se lanzó al suelo y fue asaltado por los soldados, quienes lo sometieron violentamente.
La CNDH ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos sufridas por la víctima; fue golpeado en todo el cuerpo, esposado y dejado inconsciente tras ser golpeado con un tubo en los pies. Además, se constató que el médico naval que lo revisó intentó minimizar el daño físico que presentaba. En un giro preocupante, la Sedena, tras buscar en sus archivos físicos y digitales, informó que no encontró ninguna documentación sobre los hechos denunciados.
Pese a que fue absuelto en febrero de 2019 de algunos delitos graves, el detenido permanecía encarcelado a 2026 por cargos de delincuencia organizada. La CNDH ha señalado que las agresiones físicas que sufrió estaban dirigidas a forzarlo a autoincriminarse y proporcionar información sobre otros individuos, supuestamente vinculados a actividades criminales.
Esta recomendación, firmada el 27 de febrero, se hizo pública poco después de un homenaje a las mujeres de las Fuerzas Armadas en el Campo Marte de Ciudad de México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum, flanqueada por altos mandos militares, hizo un reconocimiento a su labor.
Entre 2006 y 2024, la CNDH reveló que más de 318 militares estuvieron involucrados en violaciones graves a los derechos humanos en México, pero solo 23 de esos casos resultaron en condenas, lo que representa un alarmante 7% de sentencias efectivas.
Este panorama resalta la necesidad de acciones contundentes y la exigencia de justicia en un contexto donde la impunidad continúa siendo un desafío persistente en la lucha por los derechos humanos en el país.
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