El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, ha generado controversia al anunciar su intención de indultar a policías y militares condenados por represión durante las protestas masivas de 2019, las cuales dejaron un saldo trágico de 30 muertos. En una reciente entrevista con Canal 13, Kast afirmó que revisará cada caso antes de conceder indultos, ya que considera que estos uniformados han sido unjustamente “perseguidos”.
El estallido social de 2019, que desató un profundo descontento en el país, se produjo bajo el gobierno de Sebastián Piñera y ha sido calificado por Kast como un “estallido delictual”. Durante su campaña para las presidenciales de 2025, el mandatario expresó su compromiso de liberar a todos los carabineros condenados por delitos relacionados con ese período, afirmando que está “estudiando cada caso” para avanzar hacia la recuperación de la paz en el país mediante el diálogo.
Aunque no existe una cifra oficial sobre el número de agentes condenados por represión, la prensa local ha documentado decenas de sentencias. Según datos de la Fiscalía, entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, se registraron más de 35,000 delitos, de los cuales un 34% fueron cometidos por agentes del Estado. Además de las trágicas muertes, se reportaron 464 heridos con lesiones oculares.
Kast también ha indicado que está dispuesto a estudiar indultos para algunos uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, que dejó más de 3,200 víctimas entre muertos y desaparecidos. Sin embargo, ha mantenido silencio sobre un proyecto de ley propuesto por la derecha que permitiría que ciertos prisioneros, incluyendo a exagentes por crímenes de lesa humanidad, cumplan sus penas fuera de prisión si padecen enfermedades terminales o son mayores de 70 años.
La postura del presidente genera un debate intenso en la sociedad chilena, polarizada entre quienes abogan por la justicia y quienes consideran que se debe priorizar la reconciliación. A medida que el mandatario avanza en su revisión de casos, las preguntas sobre el futuro de los derechos humanos en Chile y las implicaciones de sus decisiones se vuelven cada vez más urgentes.
Esta información corresponde al 12 de marzo de 2026, y mientras se avanza en esta problemática, la atención del país se centra en cómo estas políticas impactarán la memoria histórica y la reconciliación nacional.
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