La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho sonar la alarmante campana de la violencia y la impunidad al emitir la Recomendación 206VG/2026. Este pronunciamiento está dirigido a la Secretaría de Marina, tras un caso escalofriante en Guasave, Sinaloa, en el que dos personas fueron víctimas de desaparición forzada y luego encontradas sin vida. Según las investigaciones, ambas víctimas habían sido detenidas de manera arbitraria por elementos navales y posteriormente, tras ser agredidas durante su detención, sus cuerpos fueron hallados en un área entre las comunidades de Amole y Palos Verdes.
Los hechos que dieron inicio a esta investigación se remontan al 12 de junio de 2023, cuando la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa presentó una queja. Los cuerpos de los hombres desaparecidos fueron localizados el 23 de mayo de ese mismo año, lo que desató un escrutinio profundo sobre las circunstancias de su detención y eventual asesinato. La CNDH recabó indicios cruciales, que incluyen testimonios de cinco testigos, informes policiales y dictámenes de medicina forense, lo que sugiere que la custodia naval se convirtió en un escenario de violencia.
Más allá de la tragedia de las víctimas directas, la CNDH destacó el sufrimiento y el impacto emocional que estas violaciones graves han causado en sus familiares, quienes también son considerados víctimas indirectas en este contexto. La integridad personal de estos seres queridos se ha visto comprometida, evidenciando la falta de respeto por los derechos humanos en situaciones tan vulnerables.
Este caso no es un hecho aislado. Durante el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, la CNDH ha registrado un alarmante número de incidentes relacionados con violaciones a derechos humanos perpetradas por las fuerzas armadas. En total, se han emitido 19 recomendaciones, de las cuales 9 se dirigen a la Secretaría de la Defensa Nacional, y 7 a la Secretaría de Marina, un reflejo de un problema sistemático que afecta a instituciones encargadas de la seguridad y el orden público. Mientras tanto, en el caso de la Guardia Nacional, los datos indican que solo se ha emitido una recomendación, lo que pone de relieve la seriedad de la situación.
Es esencial que la sociedad y las autoridades tomen en consideración estas recomendaciones y el sufrimiento de las víctimas. Se requiere un compromiso firme para investigar a fondo estos casos y garantizar que actos de este tipo no se repitan, promoviendo el respeto a los derechos humanos en todas las esferas de la acción gubernamental. La búsqueda de justicia no puede ser solo un principio, debe ser una realidad tangible para todos los ciudadanos de México.
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