Registro para apoyo a personas discapacitadas del 23 al 29 de marzo

El Gobierno mexicano ha destinado más de 37.4 millones de pesos para pensiones dirigidas a personas con discapacidad, según lo anunciado recientemente por Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar. Este significativo esfuerzo social beneficia a más de 1.5 millones de derechohabientes que reciben una pensión, sumando recursos del Ejecutivo federal y de diversas entidades estatales. En total, 24 estados han formalizado convenios de universalidad, lo que permite el otorgamiento de pensiones a individuos de 0 a 64 años.

Los estados como Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Querétaro extienden este apoyo desde la infancia hasta los 29 años, aunque hay excepciones para comunidades indígenas, afromexicanas o zonas con altos índices de marginación.

Aparte de las pensiones, hay otras ayudas disponibles para este grupo vulnerable. Por ejemplo, se han asignado apoyos bimestrales de 6.400 pesos para 2.698 niños diagnosticados con cáncer, un monto que puede variar según el periodo. Adicionalmente, el programa “Salud casa por casa” ha realizado más de 1.5 millones de consultas dirigidas a personas con discapacidad y adultos mayores, mientras que se ofrecen tratamientos gratuitos a 27.897 menores de 18 años.

Globalmente, las pensiones para adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, madres trabajadoras y programas como “Sembrando Vidas” representan una inversión total superior a 104.6 millones de pesos, beneficiando a más de 18.8 millones de personas.

Los interesados en acceder a este programa social tendrán la oportunidad de registrarse del 23 al 29 de marzo. Se sugiere que, si el solicitante no puede asistir, designe a alguien para actuar en su representación en cualquiera de los módulos del Bienestar. Durante esta semana, las citas se dividen según la primera letra del apellido paterno, facilitando así el proceso de registro.

Para registrarse, es imprescindible presentar una identificación oficial vigente, el CURP, el acta de nacimiento, un comprobante de domicilio reciente, un certificado de discapacidad permanente y un número de teléfono de contacto. Esta estructura pone de manifiesto el compromiso del Gobierno de México en la inclusión y apoyo de personas con discapacidad, reflejando una política social más amplia que busca mejorar la calidad de vida de estos ciudadanos.

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