La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un acuerdo con los partidos del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista de México (PVEM) con el propósito de modificar la Constitución en materia presupuestaria. Este pacto busca reducir el presupuesto destinado a los poderes legislativos estatales y disminuir el número de regidores en los municipios, un paso que la mandataria considera necesario para erradicar excesos en el gasto público.
En su conferencia matutina, Sheinbaum enfatizó las disparidades en el financiamiento de los congresos estatales, mencionando que, mientras algunos tienen un costo por diputado de 39 millones de pesos, otros apenas alcanzan los 5 millones. “Es un exceso,” afirmó la presidenta, destacando la urgencia de redirigir esos recursos a proyectos que realmente beneficien a la población, tales como obras de infraestructura, servicios públicos y soluciones a necesidades básicas como agua potable y drenaje.
Se estima que los cambios propuestos podrían generar un ahorro cercano a 4,000 millones de pesos, fondos que, según Sheinbaum, no se destinarán al gobierno federal, sino que permanecerían en manos de las entidades para atender asuntos prioritarios. Esta reforma será enviada al Congreso el 17 de marzo, marcando un paso significativo en la agenda de su administración.
Adicionalmente, la presidenta reiteró su compromiso de reducir los privilegios de los partidos políticos, un tema que ha resonado con el electorado. “Es algo que la gente ha pedido. No se logró ahora, pero no quitemos el dedo del renglón,” sostuvo, dejando claro que continuará presionando para hacer realidad una elección totalmente democrática de diputados y reducir los privilegios existentes en el sistema político.
El acuerdo, alcanzado entre Morena, el PT y el PVEM, fue celebrado por Ricardo Monreal, líder de Morena en la Cámara de Diputados, quien subrayó la importancia del diálogo en la política. Esta coalición reafirma su compromiso con el interés nacional y la fortaleza de trabajar juntos en torno a los proyectos propuestos por la presidenta.
Entre los aspectos discutidos en el “Plan B” de reforma electoral se encuentran la reafirmación del concepto de austeridad dentro de la administración pública y ajustes en la forma de realizar la Revocación de Mandato presidencial. Monreal también señaló que este plan no afectará al Instituto Nacional Electoral (INE) y mejorará mecanismos como la consulta popular.
En un ambiente donde la presión social exige cambios significativos en la administración pública y la política electoral, este acuerdo representa un avance hacia políticas más efectivas y responsables. La espera ahora se centra en la discusión del proyecto en el Congreso y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos.
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