Hace solo una década, la mera insinuación de que un gobierno atacara a un medio de comunicación por su cobertura sobre un conflicto armado hubiera desencadenado un escándalo político monumental en cualquier democracia auténtica. Sin embargo, la realidad actual nos muestra que estos episodios se desarrollan con una alarmante naturalidad, un signo de los tiempos que debería perturbar a la ciudadanía profundamente.
El más reciente de estos incidentes ocurrió el pasado sábado en Estados Unidos. Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), lanzó una amenaza contundente: arriesgaba revocar las licencias de transmisión de las principales cadenas de televisión debido a su cobertura de la guerra con Irán. Carr argumentó que los noticieros estaban propagando “engaños y distorsiones noticiosas”. Esta advertencia surgió poco tiempo después de que el entonces presidente Donald Trump acusara a estos medios de querer que Estados Unidos fracasara en el conflicto. La insinuación subyacente era inquietantemente clara: cubran la guerra de la manera que nos agrada, o pierdan su derecho a transmitir.
Este no es un fenómeno aislado del gobierno de Trump. El año anterior, el presidente colombiano Gustavo Petro también amenazó a los concesionarios de medios de comunicación, sugiriendo que podría “liquidar” sus concesiones por, en su opinión, violar la constitución y el derecho a la información, debido a una cobertura que él consideraba inadecuada. Tales comentarios y actitudes reflejan no solo un desdén por la crítica, sino una preocupante tendencia a moldear la narrativa mediática a favor del poder.
Es crucial señalar que la batalla que ahora libran estos gobiernos contra los noticieros tradicionales se encuentra en un terreno equivocado. La manera en que los ciudadanos consume información ha evolucionado drásticamente en las últimas dos décadas. Hoy en día, muchos se informan a través de redes sociales, plataformas de video y medios digitales nativos, donde prevalece una regulación casi inexistente. Emitir amenazas a las cadenas de televisión, mientras plataformas como TikTok y YouTube permiten la difusión libre de cualquier tipo de narrativa, refleja un anacronismo que debe ser cuestionado.
La obsesión por regular a los medios tradicionales sugiere no una estrategia clara de política informativa, sino una profunda incomodidad con la crítica, una tendencia a ahogar voces disidentes. El foco no está realmente en la desinformación —que prospera sin controles en el ámbito digital— sino en acallar las coberturas incómodas.
El desafío para las sociedades contemporáneas radica en cómo responder ante este fenómeno. No debe dejarse en manos exclusivas de legisladores o reguladores. La discusión pública debe intensificarse, ya que permitir que los gobiernos dictaminen la forma en que las noticias han de ser transmitidas es un paso peligroso hacia la anulación de la libertad de expresión. Una vez que esta libertad se ve comprometida, el camino de vuelta se torna extremadamente complicado.
En un contexto de volatilidad en el mercado petrolero, la presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha intentado tranquilizar a la población asegurando que la refinería de Dos Bocas produce una cantidad significativamente alta de gasolina. Sin embargo, se aventuró a declarar, erróneamente, que la refinería genera 300,000 barriles diarios de gasolina y diésel. Este dato, claramente incorrecto, contrasta con las cifras oficiales de Pemex, que reportan una producción de solo 78,000 barriles de gasolina y 79,000 de diésel en enero de este año. Este tipo de información inexacta, aunque bien intencionada, resalta la importancia de ofrecer datos precisos y responsables, especialmente en tiempos de incertidumbre económica.
En conclusión, tanto la regulación de los medios de comunicación como la difusión de información errónea son temas críticos que no deben tomarse a la ligera. En un mundo cada vez más complejo, la ciudadanía debe mantenerse alerta y exigir transparencia y precisión en la información que recibe. Así se preservará la esencia democrática de nuestras sociedades.
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