El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión unánime que ha resonado fuertemente en el ámbito político y social de México. El 6 de noviembre de 2020, se promulgó un decreto que reformó 17 leyes secundarias, resultando en la extinción de 109 fondos y fideicomisos públicos, entre ellos, el Fondo de Víctimas y el Fondo de Atención a Desastres Naturales. Este fallo representa un punto de inflexión en la gestión de recursos públicos y en cómo se articulan las políticas de atención a diversas necesidades sociales.
La acción de inconstitucionalidad 303/2020 fue impulsada por Arístides Guerrero García, quien presentó el argumento ante el máximo tribunal del país. Los senadores de la minoría parlamentaria argumentaron que la eliminación de estos fondos violaba principios fundamentales, como el de legalidad y la progresividad de los derechos humanos. Sin embargo, la Corte determinó que la extinción de estos mecanismos no vulnera derechos esenciales, ya que estos fondos no eran garantías fundamentales, sino herramientas auxiliares del Poder Ejecutivo para la distribución del gasto público.
El fallo destaca que las dependencias gubernamentales continuarán con el financiamiento de las áreas que antes subsistían gracias a estos fondos, utilizando sus respectivos presupuestos. Esto significa que, a pesar de la eliminación de los fideicomisos, las obligaciones estatales no se ven comprometidas; solo se han modificado las formas de cumplimiento a través de mecanismos de financiamiento directo.
Cabe señalar que la SCJN también trató controversias constitucionales relacionadas con otras leyes abrogadas, analizando el decreto bajo la óptica del federalismo y la división de poderes. Yasmín Esquivel Mossa, una de las integrantes de la corte, expresó su acuerdo en proceder a sobreseer algunas leyes que ya habían sido reformadas.
Este veredicto se inscribe dentro de un contexto de intenso debate sobre la gestión financiera del Estado y la efectividad de los fondos en la atención a emergencias y al desarrollo social. La Corte ha dejado claro que, si bien se han perdido ciertos mecanismos de financiamiento, el compromiso del Estado hacia ciertas áreas de atención se mantiene.
Los próximos meses serán cruciales para observar cómo se implementarán estos cambios en la práctica y cuál será el impacto en la ciudadanía, especialmente en aquellos sectores que dependían de los fondos que han sido disueltos. La Corte, al validar estas reformas, ha abierto un nuevo capítulo en la relación entre el Poder Ejecutivo y los recursos disponibles para el bienestar social en México.
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