Los recientes ataques al campo gasífero de South Pars en Irán y a instalaciones en otros países del Golfo, como Qatar y Arabia Saudita, han provocado un incremento notable en los precios globales de la energía. El crudo Brent superó los 119 dólares por barril, un salto impactante desde los 100 dólares de comienzo de semana. Este aumento refleja las preocupaciones del mercado sobre una posible guerra en la región que podría hacer desaparecer millones de barriles diarios y afectar gravemente la oferta de gas natural licuado.
México, en esta coyuntura, enfrenta una combinación adversa: la producción de petróleo ha disminuido significativamente en la última década, mientras que el país se aferra a un sistema de refinación con problemas estructurales, y su dependencia de combustibles y gas importados sigue creciendo. Así, aunque un alto el fuego se logre, los desafíos energéticos no se disolverán mágicamente.
La producción petrolera puede tomar meses para normalizarse tras un conflicto, particularmente en lo que respecta al gas, cuya capacidad en lugares como Qatar e Irán podría requerir entre tres y cinco años para recuperarse. Este proceso no ocurre por decreto, sino que depende de la restauración de infraestructuras y de la confianza del mercado.
La situación de México es compleja. Aunque el país continúa siendo productor de crudo, su plataforma de exportación ha caído drásticamente; se estima que solo exportará 658,000 barriles diarios en 2025, disminuyendo a 355,000 barriles en enero de 2026. Este descenso plantea una desconexión alarmante: por cada 1.1 dólares que México recibe por la venta de petróleo, gasta 2.47 en la importación de gasolina, diésel, gas natural y petroquímicos, con una tendencia estructural hacia un crecimiento de esta dependencia.
Adicionalmente, cerca del 70-77% del gas natural que consume el país proviene de gasoductos en Texas, lo que implica que cualquier aumento en los precios se traduce directamente en mayores costos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las fábricas y, finalmente, el consumidor. No existe un plan alternativo para evitar esta dependencia y sus consecuencias.
Así, lo que ocurre en el Golfo no repercute en las gasolineras de México de manera independiente, sino que se vincula con el esquema de precios globales que utilizan las refinerías estadounidenses. Si la guerra persiste, el gobierno se verá ante un dilema clásico: actuar para absorber el impacto en los consumidores o subsidiar los costos a expensas de otros sectores críticos como infraestructura, salud y educación.
La conclusión es clara: México no puede continuar confiando en que siempre habrá combustibles y gas a precios competitivos del otro lado de la frontera. Es esencial utilizar los ingresos adicionales que resulten del aumento del precio del petróleo para fortalecer la infraestructura nacional, lo que incluye modernizar las refinerías, almacenar estratégicamente y diversificar las fuentes de energía. A largo plazo, esta estrategia se convierte en una cuestión de seguridad nacional, esencial para mitigar la vulnerabilidad ante futuras crisis energéticas.
Actualización: datos correspondientes al 20 de marzo de 2026.
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