Organismos no gubernamentales en Venezuela han manifestado críticas contundentes respecto a los resultados de la ley de amnistía implementada por la presidenta Delcy Rodríguez. Esta ley, que entró en vigencia el 19 de febrero, ha sido objeto de debate, y su efectividad ha sido cuestionada por diversas voces de la sociedad civil.
Desde su implementación, un comité de seguimiento, compuesto por legisladores tanto del oficialismo como de la oposición, reportó haber recibido 11,396 solicitudes de amnistía. De acuerdo con las cifras oficiales, 8,068 personas han conseguido la libertad completa, de las cuales 260 estaban tras las rejas y 7,808 gozaban de libertad condicional. Sin embargo, organizaciones como Justicia, Encuentro y Perdón han calificado esta amnistía como un “espejismo jurídico”. Según sus informes, la ley no actúa como un mecanismo efectivo de transición hacia la justicia y la reparación, sino más bien como un “instrumento discrecional” que busca obtener legitimidad a nivel internacional.
Adicionalmente, la ONG subraya que más de 300 personas deberían ser liberadas de inmediato, dado que han superado el límite legal de dos años de detención preventiva sin sentencia o por razones humanitarias. Frente a esto, se ha clamado por la creación de un comité independiente que verifique los resultados de la amnistía y evalúe la situación en los centros de reclusión.
Foro Penal, otra ONG que lleva un registro de la situación, estima que 690 presos políticos han sido liberados desde el anuncio de excarcelaciones el 8 de enero, pero más de 500 siguen en las cárceles. Los familiares de los detenidos han denunciado un proceso que consideran selectivo y con graves retrasos.
Uno de los principales puntos de crítica por parte de los activistas se centra en la falta de autonomía del sistema judicial. Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por un grupo de militares estadounidenses el 3 de enero, prometió una reforma judicial, aunque hasta la fecha, no se ha conocido de avances concretos.
El director de Foro Penal, Gonzalo Himiob, enfatiza que “el sistema represivo” no ha sido desmantelado, lo que sugiere que cualquier intento legal será insuficiente. La lucha por una verdadera justicia en Venezuela continúa, y las voces de quienes demandan un cambio resuenan con mayor fuerza frente a un escenario que aún presenta numerosos desafíos.
A medida que se observa la implementación de la amnistía, la preocupación por la integridad del sistema judicial y la urgente necesidad de reformas persisten, en un contexto donde la justicia sigue en manos de aquellos que originalmente violaron los derechos de los detenidos.
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