Cuba ha dado un paso crucial al anunciar que permitirá a sus emigrados invertir y establecer empresas en la isla. Este gesto llega en un contexto de crisis económica y energética que ha intensificado la necesidad de revitalizar su economía. La diáspora cubana, especialmente en Miami, donde reside una gran parte de estos emigrados, ha expresado su interés por contribuir al desarrollo de su país. Sin embargo, las opiniones sobre esta nueva oportunidad están divididas.
Hugo Cancio, empresario y propietario de OnCuba y Katapulk, un supermercado en línea que facilita la compra de productos en Cuba, valoró positivamente la decisión del gobierno comunista de La Habana. Cancio afirma que invertir en Cuba no solo representa una oportunidad financiera, sino también una forma de contribuir a la reconstrucción del país. Sin embargo, no todos comparten su entusiasmo. Iván Herrera, director ejecutivo de la aseguradora Univista, califica la iniciativa de “gran estafa”, cuestionando las condiciones actuales para realizar negocios en la isla.
El anuncio surge en un periodo convulso para Cuba, donde la crisis económica y política se agrava. La escasez de productos básicos y los frecuentes apagones son una realidad cada vez más evidente, exacerbada por el embargo estadounidense y la paralización del crudo venezolano tras la caída del presidente Nicolás Maduro. Ante esta situación, la administración de Donald Trump ha señalado su intención de fortalecer las sanciones, advirtiendo sobre la posibilidad de tomar medidas más drásticas contra la isla.
Carlos Saladrigas, presidente de Regis HR Group y del Cuba Study Group, recibió la noticia con reservas. Aunque la considera una medida necesaria para reintegrar a la diáspora en la economía cubana, cree que las autoridades deben abordar múltiples interrogantes antes de atraer inversiones. Según Saladrigas, es crucial que el gobierno reforme el marco legal y adopte medidas de mercado en lugar de seguir con un sistema de economía centralizada.
Pedro Freyre, abogado especializado en el marco regulatorio cubano, enfatiza que invertir en Cuba es extremadamente riesgoso debido a un sistema bancario ineficaz, una moneda inestable y la falta de un Estado de derecho que asegure la propiedad privada. Muchos potenciales inversores se sienten desalentados por la infraestructura deteriorada y las condiciones de vida inciertas.
Herrera, cuya familia ha vivido la opresión del régimen cubano, se muestra reacio a invertir en el país bajo el actual gobierno, al que describe como “delincuente”. No obstante, expresa su deseo de hacerlo en un futuro cuando haya un cambio de régimen, enfatizando la necesidad de viviendas y servicios básicos. Para él, muchos exiliados en Miami están dispuestos a reconstruir Cuba si se presentan las condiciones adecuadas.
Por otro lado, Cancio y Saladrigas sostienen que una apertura económica podría llevar a una apertura política. Cancio imagina un futuro donde Cuba sea “más abierta, inclusiva y participativa”, aunque es consciente de la desconfianza creada por años de promesas incumplidas. “La confianza se puede construir”, concluye, resaltando la esperanza de un futuro mejor a pesar de los desafíos presentes.
En resumen, la medida del gobierno cubano de permitir inversiones por parte de los emigrados marca un cambio significativo, pero la recepción de esta iniciativa varía entre quienes anhelan un cambio en la isla y quienes se muestran escépticos ante las condiciones actuales. La situación económica y política de Cuba continúa siendo un factor decisivo en las decisiones de inversión y en el futuro del país.
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