Identifican deuda de 12,000 millones por agua indebida

El Gobierno federal de México ha puesto en el foco un adeudo presuntivo que asciende a cerca de 12,000 millones de pesos, correspondiente a empresas que han incurrido en irregularidades en el uso del agua. Esta situación se enmarca en la reciente aplicación de la Ley Nacional de Aguas, que busca regular el manejo de este recurso vital y combatir el abuso en su usufructo.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua, anunció durante una conferencia matutina que las irregularidades observadas incluyen el incumplimiento en el pago de derechos y el uso indebido de concesiones. El funcionario hizo un llamado a las empresas para que regularicen su situación, advirtiendo que, de no hacerlo, se enfrentarán a sanciones severas, incluso la posibilidad de cancelación de sus títulos de concesión.

Entre los casos destacados, se menciona a una empresa refresquera con un adeudo de 234 millones de pesos, de los cuales han comenzado a abonar 52 millones tras acercarse a las autoridades correspondientes. Morales López también reveló que varias compañías han mantenido múltiples títulos de concesión en el mismo lugar para eludir el pago de derechos, una práctica que ahora se encuentra prohibida.

En los últimos años, la recaudación por el pago de derechos de agua en México ha mostrado una notable tendencia al alza, pasando de 20,142 millones de pesos en 2018 a una proyectada de 37,000 millones en 2026. Este aumento de aproximadamente un 83% refleja un esfuerzo por mejorar la gestión de los recursos hídricos en el país.

Sin embargo, el adeudo de 12,000 millones de pesos representa una oportunidad significativa para fortalecer el sector hídrico, aunque los expertos advierten que su impacto será limitado frente a las necesidades estructurales del país. Hugo Rojas, especialista en temas hídricos y exdirector de Aneas, subraya que esta cifra equivale a la mitad del presupuesto anual destinado al sector, destacando su relevancia. No obstante, al compararlo con las inversiones requeridas, estimadas en alrededor de 400,000 millones de pesos en los próximos 15 años, representa apenas un 3% del total necesario.

Rojas también enfatiza que, de recuperarse estos recursos, su destino debería ser el fortalecimiento institucional de la Conagua y la mejora de las capacidades operativas de los organismos locales encargados de la gestión del agua.

Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, advierte que estos problemas no son nuevos, ya que el marco jurídico previo también contemplaba sanciones, aunque su aplicación fue limitada. Para lograr un cambio real, es crucial que las autoridades cuenten con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para hacer cumplir la ley, advirtiendo sobre el riesgo de corrupción si no se establecen mecanismos de supervisión adecuados.

Por otro lado, la situación del Programa de Devolución de Derechos (Prodder) es alarmante. La Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS) ha señalado la falta de dispersión de recursos correspondientes al ejercicio fiscal 2025, lo que genera incertidumbre financiera en el sector hídrico del país. Esta situación es crítica, ya que el Prodder es esencial para reintegrar parte de los derechos pagados hacia inversiones en infraestructura hidráulica.

Con la mayoría de los organismos operadores sin recibir los fondos necesarios hasta marzo de 2026, se corre el riesgo de retrasos en la ejecución de obras que ya están comprometidas. La efectividad de las políticas hídricas implementadas será fundamental para garantizar un futuro sostenible en la gestión del agua en México.

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