Electricistas de San Luis Potosí denuncian intento de reclutamiento criminal.

Siete electricistas que habían sido reportados desaparecidos en Matehuala, un municipio al norte de San Luis Potosí, han sido localizados con vida después de una intensa búsqueda que mantuvo en vilo a la comunidad. Los trabajadores, quienes habían sido secuestrados, compartieron su angustiosa experiencia, revelando que fueron interceptados por un grupo criminal y llevados a una casa de seguridad donde permanecieron retenidos durante más de dos días. Uno de los electricistas, cuya identidad no ha sido revelada, relató que los captores les informaron que habían sido “levantados” con la intención de ser reclutados para trabajar en proyectos eléctricos.

El caso tomó un giro significativo cuando, tras el hallazgo de los electricistas, el director de Seguridad Pública de Matehuala, Jorge Eduardo Peña, fue arrestado bajo la sospecha de tener vínculos con los criminales responsables del secuestro. Durante su detención, las autoridades encontraron 52 bolsas de marihuana y tres bolsas de cristal, lo que añade un contexto perturbador a las circunstancias.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, había movilizado un contingente de 600 agentes de seguridad para intensificar la búsqueda de los trabajadores, justo antes de que fueran encontrados. Uno de los electricistas declaró que tras ser liberados, lograron caminar hasta una caseta de cobro en Matehuala, donde pidieron ayuda y fueron finalmente resguardados por agentes de la policía.

Los nombres de los electricistas son Ángel Pérez López, Miguel Ángel Pérez, Jaciel Zapata, Omar Godoy, Said Olvera, Celso López y Macario Torres, todos originarios de Cárdenas, una localidad potosina situada a unas dos horas de Matehuala. Su desaparición se produjo el pasado 21 de marzo, al no haber tenido contacto con sus familias desde que tomaron dirección a Matehuala para realizar un trabajo. La alerta sobre su ausencia se generó cuando un tercero, vinculado a ellos, notificó la pérdida de comunicación.

La situación se complicó aún más cuando el socio que reportó la desaparición intentó presentar una denuncia ante la Fiscalía estatal, pero el personal del Ministerio Público le indicó que sólo los familiares directos podían iniciar ese trámite. Fue cerca de las nueve de la mañana del lunes cuando la Fiscalía especializada en derechos humanos de San Luis Potosí emitió las fichas de búsqueda, marcando un punto crítico en la movilización de las autoridades.

La resolución de este caso pone de manifiesto la grave realidad que enfrenta la región, donde el crimen organizado sigue afectando a la población y amenazando la seguridad de los ciudadanos. Esta situación destaca la necesidad de un enfoque más robusto en las investigaciones y protección de los trabajadores y sus familias frente a la violencia creciente.

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