La Convención Nacional Bancaria se ha convertido en un referente clave para entender el ambiente de negocios en México. Este año, Claudia Sheinbaum, quien ha asistido regularmente al evento desde su candidatura y ahora como presidenta, ofreció un análisis que destacó la relevancia de los contextos internacionales. Su mención explícita del aumento en los precios del petróleo debido a las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán indica un cambio en la narrativa pública, algo poco habitual en un país donde a menudo el debate se centra en asuntos internos.
El consenso sobre la necesidad de inversión y crecimiento en México es ahora innegable. Sin embargo, este reconocimiento contrasta con la dificultad de crear las condiciones necesarias para que la inversión privada fluya. A lo largo de los años, el país ha presentado múltiples planes —desde el Plan México hasta la más reciente Ley para Fomentar la Inversión— que, aunque atractivos en teoría, han enfrentado serias dificultades en su implementación. El problema radica en que la realidad económica a menudo no se ajusta a lo que muestran las presentaciones y las diapositivas, que se han convertido en el lenguaje predominante de la política pública.
En muchos países, es común que el Estado actúe eficazmente como regulador de la economía. Sin embargo, en México, la situación es más compleja. Si bien la inversión es bienvenida, las regulaciones existentes a menudo terminan desincentivándola. Es cierto que se requieren límites, pero es crucial diferenciar entre regular y obstaculizar. Ignorar los incentivos del sector privado puede resultar costoso no solo para los inversionistas, sino para el conjunto de la economía.
Desde la perspectiva del sector privado, el optimismo cauteloso que predominaba antes de la presidencia de Sheinbaum ha dado paso a una actitud más reservada. Los líderes empresariales expresan sus preocupaciones con cautela, condicionando su confianza a la claridad y consistencia en las reglas del juego. Las proyecciones de crecimiento futuro dependen de que se alineen las condiciones adecuadas, algo que no se puede dejar al azar.
La presidenta ha anunciado una dedicación considerable a la promoción de inversiones, así como la creación de un nuevo Consejo de Inversiones. Aunque esta intención es encomiable, es preocupante que un jefe de Estado deba asumir funciones que deberían ser cubiertas por instituciones que no están cumpliendo su papel. Al final, México no necesita más promesas; lo que realmente requiere es acción concreta que avale esos anuncios.
Un claro ejemplo es el caso de Tesla, que alimentó la narrativa de “nearshoring”, pero que hasta el momento no se concretó en Monterrey. En otro plano, se ha especulado sobre una posible colaboración entre Petrobras y Pemex, lo cual suena atractivo, especialmente antes de una inminente visita oficial de Sheinbaum a Brasil. Sin embargo, es esencial reconocer que Petrobras ha pasado por una transformación significativa que Pemex aún no ha abordado. La falta de pasos decisivos, como la reestructuración y la venta de activos, sugiere que una unión sin reconocer estas diferencias podría ser, en el mejor de los casos, un mero anuncio.
En resumen, México cuenta con buenas ideas, pero adolece de ejecución. No se trata únicamente de contar con un buen plan, sino de que la historia se materialice en la realidad económica del país. Con la promesa de un renovado enfoque en la inversión, queda por ver si estas palabras se traducen en acciones reales que promuevan un entorno más propicio para el crecimiento económico.
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