MORENA Michoacán Apoya Plan B Electoral

En un reciente pronunciamiento, Fabiola Alanís Sámano, coordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado de Michoacán, rechazó categóricamente que el denominado “Plan B” de la Reforma Electoral contemple la reelección de servidores públicos. Según Alanís, esta interpretación es completamente errónea y no refleja el espíritu de la reforma.

La legisladora argumentó que la revocación de mandato, uno de los pilares de esta reforma, no está diseñada para perpetuar el poder, sino para permitir que la ciudadanía ejerza su derecho a retirar anticipadamente a los gobernantes que no cumplan con sus responsabilidades. “No es reelección, es una elección adelantada; es un mecanismo democrático que permite al pueblo evaluar a sus líderes a mitad de camino”, afirmó con vehemencia.

Alanís explicó que el actual sistema electoral permite que, una vez que una autoridad es elegida, permanezca sin ser evaluada ni sometida a consecuencias. A su juicio, es vital modificar este esquema para garantizar un control ciudadano efectivo sobre quienes ejercen el poder público. Por lo tanto, considera indispensable implementar herramientas como la revocación de mandato.

Además, subrayó que la Reforma Electoral no solo busca reducir el gasto público, sino que también propone un reordenamiento institucional fundamentado en los principios de legalidad, austeridad y justicia democrática. La congresista informó que la revocación de mandato podría llevarse a cabo en el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, coincidiendo con los procesos electorales de 2027 y 2028, lo que a su vez optimizaría recursos y fortalecería la participación democrática de la ciudadanía.

Alanís Sámano también destacó el compromiso de su fracción en respaldar la propuesta presidencial en esta iniciativa, enfatizando que la discusión que se abre es fundamental para el modelo democrático que requiere México. Hizo un llamado a que el sistema político del país sea más austero, eficiente y cercano a la población, lo que incluye medidas concretas como el rediseño de los gobiernos municipales.

Finalmente, la reforma contempla establecer un límite al presupuesto de los congresos estatales, que no podrá exceder el 0.7 por ciento del presupuesto estatal, promoviendo así la responsabilidad pública en el ejercicio legislativo. También prohíbe el uso de recursos ilícitos en campañas y estipula que ningún servidor público podrá recibir un salario superior al de la presidenta de la República.

Esta información, correspondiente al 25 de marzo de 2026, se presenta en un contexto donde la necesidad de reformas profundas es más relevante que nunca en el panorama político mexicano.

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