México denunciará muertes en custodia ante CIDH.

La situación de los mexicanos bajo custodia de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos ha tomado un giro significativo en los últimos días. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una serie de acciones destinadas a elevar el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en respuesta a las alarmantes muertes de mexicanos en centros de detención. Desde el inicio de 2025, al menos 14 ciudadanos han perdido la vida en esta situación crítica, con el más reciente, José Guadalupe Ramos, de 27 años, que fue encontrado sin vida el 25 de marzo en el centro de procesamiento de Adelanto, California.

Durante una conferencia matutina, Sheinbaum destacó la intención de presentar más reclamaciones, no solo las que ya se han hecho, sino abordando cada incidente con la seriedad que merece. La preocupación por la cantidad de muertes en el centro de detención de Adelanto ha crecido, ya que cuatro de las 14 muertes registradas han ocurrido en este lugar. Las autoridades diplomáticas mexicanas, encabezadas por Vanessa Calva de la Secretaría de Relaciones Exteriores, han calificado estas muertes como el testimonio de una “tendencia inaceptable”.

Junto a Calva, Carlos Gutiérrez, cónsul mexicano en Los Ángeles, ha criticado al grupo privado GEO, operador del centro de Adelanto, señalando fallas sistémicas en la atención médica proporcionada a los detenidos. Gutiérrez también ha denunciado la falta de comunicación entre las autoridades estadounidenses y las familias de los connacionales, un aspecto que agrava aún más la situación.

En un paso adicional, el gobierno mexicano planea presentar un “amicus curiae” en una demanda colectiva contra ICE, claramente motivado por la preocupación ante la subcontratación de servicios de detención a entidades privadas. La falta de atención médica adecuada en estos centros es una de las cuestiones que el gobierno busca abordar en conversaciones con funcionarios de California, incluyendo al fiscal general Rob Bonta y el gobernador Gavin Newsom.

Las cifras son alarmantes: desde el 20 de enero, han sido detenidos 177,192 mexicanos, de los cuales 13,722 permanecen en custodia. Este contexto ha llevado a Sheinbaum a calificar como “inaceptable” el trato que reciben los migrantes en el lado estadounidense de la frontera, y a exigir investigaciones rigurosas sobre las circunstancias de estas muertes, dado que Estados Unidos no ha compartido información sobre las indagatorias.

Además de Ramos, otras muertes recientes han provocado una oleada de inquietud, como la de Royer Pérez, de 19 años, que supuestamente se suicidó en un centro de detención de Florida. La presidenta Sheinbaum ha dejado claro que quiere respuestas sobre todas estas muertes que parecen ser parte de una tendencia sistemática.

El creciente número de fallecimientos y la exigencia de justicia han tensado las relaciones entre México y Estados Unidos, generando una necesidad urgente de revisión de los protocolos de atención en los centros de detención. Con la decisión de elevar este asunto a organismos internacionales, México espera impulsar no solo el reconocimiento de estos problemas, sino también acciones concretas que garanticen los derechos humanos de sus ciudadanos más allá de sus fronteras.

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