La investigación del magnicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia de México en 1994, ha tomado un nuevo giro 32 años después de su trágica muerte. La reciente decisión del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito ha abierto la posibilidad de reponer el proceso penal para investigar supuestos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez, quien se ha declarado culpable del asesinato.
La magistrada Nelly Montealegre Díaz, en su pronunciamiento, destacó la identificación de una violación a las normas que rigen el procedimiento del juicio de amparo. En su análisis, explicó que se otorgó la protección constitucional solicitada porque no fueron notificados los terceros interesados en el caso. Esto implica que los presuntos responsables no tuvieron la oportunidad de defenderse adecuadamente durante las fases previas del proceso.
El tribunal, que incluye a los magistrados Jorge Vázquez Aguilera y Alberto Torres Villanueva, determinó por unanimidad que era necesario revocar la sentencia emitida en junio de 2025, que negaba el amparo a Aburto Martínez. Esta decisión se tomó tras considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no había ejercido acción penal por tortura durante y después de la detención de Aburto Martínez el 23 de marzo de 1994, justo después del asesinato en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana, Baja California.
En ese momento, la juez Paloma Xiomara González había argumentado que los señalamientos de tortura eran “novedosos”, lo que llevó a su desestimación por improcedentes. Sin embargo, el Octavo Tribunal ha resaltado la existencia de irregularidades que podrían haber afectado el debido proceso, resaltando que los implicados debieron ser notificadores y participar en el juicio de amparo.
Esta nueva etapa en el caso podría tener implicaciones profundas en la historia legal y política de México, donde el magnicidio de Colosio sigue siendo un tema de interés y especulación. El reconocimiento de tortura en este contexto es no solo un asunto legal, sino también un elemento esencial en la búsqueda de justicia para un hecho que marcó el rumbo del país.
La decisión del tribunal resuena en un contexto donde el derecho y la justicia han estado en el centro del debate público, especialmente en casos relacionados con violencia política. A medida que avanza el proceso, se espera que la verdad sobre los sucesos de 1994 y los posibles abusos de las autoridades emerja con mayor claridad, ofreciendo un nuevo capítulo en la larga búsqueda de justicia para Luis Donaldo Colosio y su legado político.
Esta información está actualizada hasta el 31 de marzo de 2026 y refleja un desarrollo importante en la historia de uno de los crímenes más emblemáticos de México.
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