El Gobierno mexicano ha ordenado expropiar 109 hectáreas para la construcción del futuro aeropuerto Felipe Ángeles. Una de las obras de infraestructura más importantes del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. La expropiación se realiza “por causa de utilidad pública”. Según detalla el decreto publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, y “de inmediato” las propiedades pasarán a manos del Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional, a cargo de las obras del megaproyecto, será la responsable de pagar las indemnizaciones a los afectados.
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Los terrenos expropiados pertenecen a los municipios de Nextlalpan, Zumpango y Tecámac, en el Estado de México. Donde se desarrollan desde 2019 las obras para reformar la base militar de Santa Lucía y construir allí un nuevo aeropuerto con instalaciones civiles y militares para la Ciudad de México. Desde el principio, las obras han tenido que superar múltiples obstáculos legales. Ahora, el Gobierno ha decretado que, finalmente, se expropiarán 109 hectáreas que “tienen la naturaleza jurídica de propiedad privada” ya que la Constitución autoriza al Estado a quedarse con esas tierras “para atender las necesidades de interés general que deben ser satisfechas de manera prioritaria en beneficio social”.
De acuerdo con el texto del decreto, la Sedena otorgó “la garantía de audiencia previa a los propietarios” de las fracciones afectadas y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales emitió los dictámenes en los que se determinan el valor unitario por metro cuadrado. La expropiación incluye, además de la tierra, las construcciones e instalaciones que se encuentren en los terrenos. Tras la publicación del decreto, el Gobierno federal pasa “a tomar posesión definitiva de los bienes” de forma “inmediata”. La Sedena deberá pagar a los dueños de esas parcelas las indemnizaciones correspondientes.
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“Fue una expropiación acordada con los dueños de esos terrenos”, ha asegurado un portavoz de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). La secretaría lleva desde 2019, cuando empezaron las obras, negociando para obtener estos predios. En algunos casos, se trató de “una regularación”, explica el portavoz, ya que “no se tenían los documentos completos” de las propiedades. De acuerdo con la misma fuente, las indenmizaciones se acordaron “al mismo precio exactamente que lo que se compró”. Es decir, que el Estado pagó el mismo monto de dinero por las hectáreas expropiadas que por las adquiridas directamente de sus dueños por medio de una compra.
Por estas expropiaciones no se han presentado amparos, según la Sedatu. Sin embargo, todavía existen familias que no han llegado a un acuerdo definitivo para entregar sus parcelas. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene previsto terminar la primera etapa de aeropuerto en marzo de 2022. Cuando esté terminado, podrá operar de forma “simultánea” y “segura” con el aeródromo de Ciudad de México, que actualmente se encuentra saturado, y el de Toluca, según las autoridades.
