En febrero de 2026, la generación de energía eléctrica en México presentó un panorama preocupante en términos de sostenibilidad. Solo el 26.8% de la electricidad—equivalente a 6,587 teravatts hora—provino de fuentes limpias, mientras que un abrumador 73.2%, es decir, 17,949 teravatts hora, se logró mediante fuentes fósiles. Estas cifras, reportadas por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ponen de manifiesto el incumplimiento de las metas de energía limpia establecidas por el gobierno desde la promulgación de la Ley de Transición Energética y la Ley de la Industria Eléctrica.
El Monitor de Competitividad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que, en el mismo mes, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otros generadores privados produjeron un total de 24,535 teravatts hora. La meta de alcanzar un 35% de energía sin emisiones para 2024, una obligación legal que ahora se encuentra en cuestión, no solo se ha eludido, sino que ha evidenciado un retroceso en los objetivos de sostenibilidad. Desde 2019, cuando el objetivo era alcanzar el 27% de energía limpia, el país ha luchado por cumplir estas expectativas. En 2022, el 31.2% de la energía generada fue limpia, inferior al 32% requerido.
El año 2023 también dejó cifras desalentadoras, con un 26.5% de energía limpia producida, frente a un objetivo del 33%. La dificultad para alcanzar estos niveles ha llevado al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) a expresar dudas sobre la viabilidad de lograr el objetivo del 45% de energía limpia para finales del sexenio de Claudia Sheinbaum, especialmente tras una reciente decisión judicial que validó su incumplimiento. Este fallo obligó a la Secretaría de Energía a presentar un plan detallado para abordar esta discrepancia.
Mirando hacia el futuro, el gobierno ha delineado un enfoque más ambicioso en el Plan Sectorial de Energía 2025-2030, que promete un aumento significativo en el uso de fuentes limpias, con metas de entre 38% y 45% para 2030. Sin embargo, la definición de “energía limpia” bajo el acuerdo A/018/2023 ha sido objeto de controversia, al incluir procesos que emiten gases de efecto invernadero, como la cogeneración a base de gas natural. A pesar de los esfuerzos por invalidar esta normativa, la reciente reforma a la Ley de Amparo complica la posibilidad de que un mayor número de ciudadanos se beneficie de un status legal diferenciado.
Con estos antecedentes, el desafío para México es tan relevante como urgente, ya que la transición hacia un modelo energético más limpio continúa siendo un objetivo esquivo. Las acciones que se tomen en el corto plazo serán cruciales para determinar el futuro energético del país y su capacidad de cumplir con los compromisos internacionales establecidos en el Acuerdo de París. La carretera hacia un sistema energético sostenible es un camino repleto de obstáculos, pero también de oportunidades.
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