La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha refutado el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que busca presentar la situación de México a la Asamblea General. La CNDH sostiene que las conclusiones del comité no reflejan la realidad actual del país ni la mejora que, según ellos, se ha observado en la materia.
En su pronunciamiento, la CNDH expresó su desacuerdo con la afirmación del comité de que hay evidencias de desapariciones forzadas generalizadas en México. El organismo destaca que, a partir de 2018, los casos relacionados con autoridades federales han disminuido significativamente, asegurando que han llegado a desaparecer prácticamente.
Uno de los puntos críticos expresados por la CNDH se refiere al hecho de que el informe de la ONU se basa en información de organizaciones civiles, las cuales, según el organismo mexicano, presentan una visión sesgada sobre el fenómeno de las desapariciones. Asimismo, cuestiona la validez de activar un procedimiento internacional sin antes haber agotado las instancias nacionales, un paso que consideran no se cumplió en este caso.
Además, la CNDH subraya que el informe carece de un análisis histórico adecuado y no distingue claramente entre los períodos donde se concentraron la mayoría de las desapariciones y la situación actual. Este enfoque es considerado por el organismo como una simplificación que no toma en cuenta los cambios institucionales recientes en políticas de derechos humanos y seguridad.
La acusación de inconsistencias en el diagnóstico del comité es otra de las objeciones centrales. La CNDH señala que, a pesar de que el informe reconoce la ausencia de una política estatal para cometer desapariciones, también menciona que estas ocurren de forma sistemática. Esta contradicción, argumenta el organismo, minimiza el impacto de las estrategias de seguridad implementadas en el pasado.
La CNDH emite su posición en un contexto donde, según datos oficiales, más de 130,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en México desde 2006, un escenario que organizaciones civiles han caracterizado como una crisis de derechos humanos. Mientras las autoridades nacionales como la CNDH y el gobierno federal rechazan el diagnóstico del comité de la ONU, organizaciones como el Centro Prodh respaldan la decisión de este último, considerándola un reflejo de la gravedad de la problemática.
Este debate no debería centrarse en cuestionar el diagnóstico, argumentan estas organizaciones, sino en cómo el Estado puede fortalecer su respuesta a las miles de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. La atención se centra ahora en cómo las instituciones estatales abordarán esta persistente crisis y en el camino a seguir para garantizar justicia y atención a las víctimas en el futuro.
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