El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) ha hecho un contundente llamado para reconocer la relevancia del informe del Comité Contra Desapariciones Forzadas (CED) de la ONU. Esta instancia ha decidido elevar la crítica situación de las desapariciones en el país, considerándola una prioridad urgente ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este paso representa una oportunidad inmejorable para que la sociedad y el gobierno aborden la crisis de manera constructiva y se desarrollen estrategias efectivas para hacer frente a este fenómeno alarmante.
El MNDM, que agrupa a familias de personas desaparecidas, remarcó la importancia de llevar la responsabilidad del Estado mexicano a esta altitud. Según el colectivo, esta decisión es una ventana de oportunidad para construir medidas innovadoras que no solo busquen prevención y sanción, sino que prioricen lo más apremiante: encontrar y regresar a casa a quienes han sido desaparecidos. Este enfoque es vital, dado que las cifras son desgarradoras; entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025, se reportaron 28,880 personas desaparecidas en el país.
El CED, en su análisis basado en información recopilada desde 2012, ha reflejado las preocupaciones internacionales respecto a las limitaciones en las capacidades y esfuerzos del Estado mexicano para abordar esta problemática. Aunque gran parte de su estudio se centra en Coahuila, Nayarit, Veracruz y Jalisco, el informe subraya que las desapariciones en México son un fenómeno sistemático y generalizado. Esto contrasta con las afirmaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quienes defienden que no existe una práctica de desaparición forzada que califique como crimen de lesa humanidad.
Es notable que el CED ha llegado a la conclusión, basándose en el Estatuto de Roma y la Convención Internacional, de que hay indicios fundados de que estas desapariciones se cometen de manera continua en el país. Estas acciones se han dirigido contra la población civil, y la magnitud del problema es alarmante. A pesar de que el Estado mexicano ha hecho intentos por dar seguimiento a las recomendaciones del CED, el crecimiento exponencial de las desapariciones y el hallazgo de más de 4,500 fosas clandestinas que contienen más de 6,200 cuerpos resaltan la ineficacia de las medidas adoptadas hasta la fecha.
El MNDM, que integra a más de 90 colectivos de 26 estados y tres países de Centroamérica y Estados Unidos, ha instado al gobierno mexicano a mantener una postura de apertura al escrutinio internacional. Para el movimiento, es crucial que el Estado no solo se enfoque en comunicar sus avances, sino que también asuma responsabilidad por la falta de resolución de casos, la impunidad que prevalece y el sufrimiento de miles de familias que continúan buscando respuestas.
Con el respaldo de la comunidad internacional, existe la esperanza de que esta situación cambie y se logren avances reales en la búsqueda de justicia, así como en la identificación y retorno de las personas desaparecidas. La atención a este tema no puede dilatarse más, y el compromiso de todos es esencial para construir un futuro más seguro y justo.
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