Presumir que México tiene una tasa de desempleo más baja que la mayoría de las economías desarrolladas es tan engañoso como mostrar una imagen de un aeropuerto repleto pero distorsionada con personajes ficticios. Esta estrategia de propaganda se utiliza con frecuencia en Palacio Nacional, donde tanto la presidencia como la Secretaría de Hacienda elevan la tasa de desempleo publicada por el Inegi como una bandera de éxito. Según este indicador aislado, México parece atraer elogios por tener la menor desocupación en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club selecto que incluye a naciones avanzadas como Estados Unidos, Alemania y Japón.
El dato brillante destaca una tasa de desempleo del 2.6%, en comparación con el 3.8% de Alemania, 4.0% de Estados Unidos y un alarmante 10.9% de España. Sin embargo, la comparación de cifras tiene un trasfondo que no podemos ignorar. Mientras el gobierno mexicano se coloca en la misma línea que economías desarrolladas, un análisis más profundo requeriría que nos fijáramos también en países con estructuras económicas más semejantes, como Chile o Turquía, cuyas tasas de desempleo rondan el 9.0%. Este tipo de comparaciones más justas resalta un problema crítico: la alta informalidad laboral en México, que alcanza un 55%.
Bajo este prisma, la tasa de desempleo del 2.6% se convierte en un espejismo que no engaña ni a la población que enfrenta dificultades económicas, ni a los expertos en el campo. El dilema es claro: en una economía donde el 55% de la fuerza laboral vive de trabajos informales, muchos no tienen el lujo de estar realmente desempleados. Aquí radica la trampa; cualquier actividad, aunque sea mal remunerada o inestable, se clasifica como empleo.
De acuerdo a datos recientes de febrero, la tasa de subocupación se sitúa en el 7.0%, un indicador más revelador del drama que atraviesa la fuerza laboral mexicana. Esto refleja que, a pesar de tener un empleo, muchas personas tienen que trabajar más horas para satisfacer sus necesidades básicas y no encuentran opciones con mejores ingresos.
La falta de honestidad en la presentación de estos datos complica la comprensión del verdadero estado del mercado laboral y, lo que es más grave, limita la creación de políticas públicas que aborden esta realidad. En este sentido, encubrir una falsa sensación de pleno empleo no solo se convierte en propaganda, sino que en un círculo vicioso que evita reconocer que el sistema actual no generará un entorno que asegure una red de protección social adecuada.
Admitir la precariedad que enfrenta más de la mitad de la población laboral obligaría al gobierno a confrontar la realidad de que la estructura actual no puede sostener una adecuada redistribución de la carga tributaria. Una honesta evaluación de las estadísticas sería el primer paso hacia la indispensable reforma fiscal que el país requiere.
La discusión sobre la informalidad y la precariedad laboral no puede postergarse más, y es fundamental que tanto el gobierno como la sociedad civil reconozcan la imperante necesidad de implementar reformas que eleven la productividad y seguridad social en México. Así, solo con transparencia y un análisis honesto podremos abordar los desafíos económicos que nos aguardan y encontrar soluciones efectivas a largo plazo.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
