Autoridades sobrepasadas y complicidad en desapariciones

El Gobierno de México se enfrenta a una nueva etapa de tensiones con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) debido a un informe que resalta que las desapariciones de personas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad, realizado de manera generalizada y sistemática. Este informe, elaborado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), subraya la gravedad de la crisis de desapariciones en México, donde las estadísticas revelan más de 133,000 casos, con la implicación de autoridades en varias instancias.

El CED ha instado a que la crisis sea llevada urgentemente a la Asamblea General de la ONU, una solicitud que ha provocado una reacción enérgica del gobierno de Claudia Sheinbaum. La mandataria ha mantenido que las desapariciones son responsabilidad exclusiva del crimen organizado, argumentando que los esfuerzos institucionales de su administración son suficientes para abordar el problema. Sin embargo, el informe también señala que persisten condiciones estructurales que fomentan la perpetración de este delito, concretamente alude a la participación de autoridades locales, estatales y federales en estas desapariciones.

El documento del CED examina casos ocurridos en varias entidades, como Coahuila, Nayarit y Veracruz, durante períodos de gobierno previos a la llegada de Morena al poder en 2018, que ha sido la base de defensa de Sheinbaum. A pesar de esto, menciona que desde enero de 2023 hasta abril de 2025 se han reportado cerca de 28,880 desapariciones, un periodo que incluye tanto la administración de Andrés Manuel López Obrador como el inicio de la gestión de Sheinbaum. En Jalisco, el estado con la mayor cantidad de desaparecidos, las autoridades han procesado 205 fosas clandestinas, donde se han recuperado cuerpos de 1,959 personas, mostrando la magnitud del problema.

La ONU ha cuestionado la forma en que México interpreta sus cifras de desaparecidos. En su reciente revisión, el gobierno sostiene que solo una tercera parte de los registros actuales —43,128— corresponde a personas verdaderamente desaparecidas, mientras que el resto se relaciona con individuos que han tenido actividad posterior a su registro, como acceder a servicios bancarios. A pesar de los esfuerzos por aclarar la situación, la crisis de desapariciones se ha intensificado desde que se intensificó la guerra contra el narcotráfico en 2006, convirtiéndose en un desafío monumental para todos los gobiernos.

México rechaza las conclusiones del CED, argumentando que las desapariciones no son parte de una política oficial, como lo fueron en la Guerra Sucia. Sin embargo, el informe destaca las omisiones en la prevención y sanción de estos delitos, así como la corrupción que impide que se realicen investigaciones efectivas. Asimismo, la participación de funcionarios corruptos ha permitido que las desapariciones continúen de manera sistemática, incluyendo la denuncia de detenciones ilegales.

El CED enfatiza que las condiciones en el país no han mejorado en aspectos cruciales desde sus anteriores visitas. A pesar de reconocer la creación de fiscalías especializadas y nuevas leyes, los indicadores de impunidad y crisis forense siguen en aumento. Las autoridades, señala el informe, siguen desbordadas por la magnitud del problema, y el sistema judicial local frecuentemente obstruye las investigaciones a través de prácticas corruptas.

Por otro lado, el informe revela que tres estados—Sonora, Veracruz y Tamaulipas—son responsables del 37% de las fosas clandestinas en México. El caso del Rancho Izaguirre en Jalisco ilustra cómo el involucramiento de funcionarios públicos es evidente, sugiriendo la complicidad de algunos en la grave crisis de desapariciones.

La abogada Melissa Ayala apunta que la decisión de elevar este asunto a la Asamblea General no constituye una condena al Estado mexicano, sino un diagnóstico para recibir ayuda institucional del sistema internacional. Ella indica que este enfoque debe ser tratado con respeto y ser visto como una oportunidad para abordar un fenómeno que sigue afectando a muchas familias en el país.

La situación de las desapariciones en México es un complejo entramado de factores, donde la atención del gobierno, la corrupción institucional y el crimen organizado han creado un entorno alarmante. A medida que la crisis persiste, la respuesta del estado ante el diagnóstico internacional tendrá profundas repercusiones en la búsqueda de justicia y la protección de los derechos humanos en el país.

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