México amplía demanda contra venta de armas

México no se quedará de brazos cruzados ante la reciente acusación de la justicia estadounidense contra dos residentes de Arizona, quienes están siendo señalados por vender armas a los carteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Sinaloa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que su Gobierno está considerando cómo incluir este caso en una demanda que se encuentra pendiente de resolución, la cual ya se presenta contra cinco armerías en el estado de Arizona.

Las declaraciones de Sheinbaum marcan un nuevo capítulo en la estrategia legal de México contra los distribuidores de armas en Estados Unidos. El país ha insistido en los últimos años que la mayoría de la armamentística utilizada por los narcotraficantes proviene del otro lado de la frontera, lo que ha generado un creciente clamor por una regulación más estricta.

En 2021, el Gobierno mexicano, bajo la dirección de Andrés Manuel López Obrador, emprendió acciones legales contra 11 de los principales fabricantes de armas en EE. UU. Un año después, esta lucha se intensificó con una demanda adicional dirigida a cinco armerías en Arizona, reflejando el compromiso del país en enfrentar el problema del tráfico de armas y su conexión con la violencia vinculada al narcotráfico.

En el marco de estas circunstancias, a finales de marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Laurende Gray, de 65 años, y Barrett Weinberger, de 73, de apoyar a grupos terroristas al vender armamento a los carteles de la droga. Gray es propietario de una armería en Arizona, mientras que Weinberger, según la acusación, lo ayudaba en estas actividades delictivas. Los cargos incluyen la venta y el apoyo logístico en el envío de una variedad de armas, que van desde pistolas hasta ametralladoras semiautomáticas, e incluso un potente rifle Barrett calibre 50.

Mientras las tensiones aumentan y el panorama legal se complica, tanto la administración mexicana como la estadounidense deben lidiar con las ramificaciones de un problema que no solo afecta a ambos países, sino a la seguridad en toda la región. La cuestión de dónde radica la responsabilidad en el tráfico de armas se vuelve cada vez más urgente, en un entorno donde las vidas de miles de ciudadanos dependen de decisiones políticas y judiciales.

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