La decisión sobre el fracking en México está en el centro de un debate crucial que polariza las opiniones entre el desarrollo económico y la protección ambiental. En el contexto de la administración de Claudia Sheinbaum, esta cuestión se vuelve cada vez más relevante, ya que el país posee yacimientos no convencionales que almacenan aproximadamente 141,000 millones de pies cúbicos de reservas. Estas reservas podrían ofrecer una autonomía energética significativa y reducir la dependencia de las importaciones de gas natural, que constituyen el 75% del consumo total y representaron un gasto de 7,674 millones de dólares el año pasado.
Sin embargo, el uso del fracking no está exento de riesgos. La extracción de gas y petróleo en México se concentra en zonas con escasos recursos hídricos, específicamente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este método requiere enormes cantidades de agua; un solo pozo puede necesitar hasta 100 millones de litros, equivalentes a 4,000 pipas. En promedio, un campo puede incluir entre seis y ocho pozos, multiplicando así el impacto hídrico.
La presidenta ha formado un grupo de expertos que emitirá recomendaciones en un plazo de dos meses. Estos especialistas provienen de diversas áreas, como el manejo de recursos hídricos y la geología, e intentarán ofrecer un enfoque equilibrado para abordar esta compleja disyuntiva.
La historia del fracking no es nueva; en Estados Unidos, más de 2 millones de pozos han sido perforados mediante esta técnica desde su introducción en la década de 1940, aunque su uso se consolidó en los años 80 y 90, especialmente en Texas y Oklahoma. Recientemente, se han desarrollado alternativas más sostenibles, conocidas como fracking verde, que utilizan fluidos distintos al agua, como propano líquido, dióxido de carbono y pulso de plasma, para minimizar el uso de agua y los residuos contaminantes.
Mientras tanto, países como Canadá, que cuenta con unos 175,000 pozos y abundantes recursos hídricos, continúan enfrentando críticas por la contaminación de sus acuíferos. A pesar de ello, planean aumentar su producción a través del fracking, alcanzando una meta del 80% en los próximos diez años.
Argentina presenta otro caso notable con el yacimiento Vaca Muerta, una de las reservas más grandes del mundo. Este proyecto ha atraído más de 35,000 millones de dólares en inversiones, con la expectativa de atraer otros 60,000 millones para 2030, pese a los desafíos políticos del país. Sin embargo, la explotación ha dejado huellas ambientales, con un promedio de 700 incidentes anuales documentados por grupos ecologistas, que incluyen derrames de hidrocarburos.
En este panorama, el papel de Pemex, la empresa estatal mexicana, es esencial. A diferencia de otros países donde las empresas privadas dominan, en México, la transformación del sector energético parece impensable sin la participación activa de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La administración actual sabe que desarrollar los yacimientos tomará entre 10 y 15 años. La presidenta ha planteado preguntas cruciales: ¿Podremos establecer reglas estables hasta 2040? ¿Seremos capaces de encontrar un equilibrio entre el crecimiento económico y la conservación del medio ambiente?
Este escenario invita a la reflexión sobre qué valor le damos a cada uno de estos aspectos fundamentales. Las decisiones que se tomen en los próximos meses darán forma al futuro energético de México, y la comunidad espera respuestas que alineen el desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental.
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