La revolución de los medicamentos biológicos ha marcado un hito en la medicina moderna, ofreciendo soluciones a enfermedades antes consideradas incurables o que limitaban gravemente la calidad de vida de los pacientes. Desde cánceres hasta condiciones autoinmunes como la artritis reumatoide, estos tratamientos han transformado el panorama de la salud. Sin embargo, el costo de estas terapias, que oscila entre 10,000 y 50,000 dólares por paciente al año, plantea serios desafíos financieros para los sistemas de salud, especialmente en América Latina, donde el gasto en salud sigue una tendencia inflacionaria que supera el 11% anual.
En este contexto, los medicamentos biosimilares han emergido como una alternativa viable y necesaria. Estos productos biotecnológicos, que poseen características similares en calidad, seguridad y eficacia a los biológicos innovadores, pueden ser la clave para aliviar la presión sobre los presupuestos de salud. Al fomentar la competencia, los biosimilares no solo reducen costos, sino que también promueven un acceso más equitativo a tratamientos vitales, generando un círculo virtuoso que podría reinvertir ahorros en nuevas tecnologías y en la innovación médica.
No obstante, la penetración de biosimilares en América Latina ha sido notablemente baja. A pesar de que más de 80 biosimilares están aprobados a nivel global, en países de altos ingresos, su presencia en el mercado supera el 70% y en algunas naciones escandinavas llega al 90%. En contraste, en América Latina, muchos países no logran superar el 30% de participación de estos productos, y en sistemas específicos como el chileno, apenas alcanzan un 7% del valor de mercado. Esta situación genera una inequidad sanitaria directa, especialmente considerando que la región andina tiene la mayor carga de artritis reumatoide en el mundo.
Las causas de esta brecha son diversas y están interrelacionadas. Los marcos regulatorios en muchos países siguen siendo restrictivos y carecen de políticas claras sobre la intercambiabilidad de biosimilares. La falta de información entre profesionales y pacientes genera desconfianza, influenciada por mitos persistentes que limitan su aceptación. Asimismo, la ausencia de incentivos económicos que fomenten la prescripción de biosimilares complica aún más la situación, llevando a que estos tratamientos sean vistos más como una carga administrativa que como una oportunidad de ahorro. Las licitaciones de precios bajos, aunque inicialmente atractivas, pueden resultar en desabastecimiento a largo plazo y en una oferta limitada de productos en el mercado.
En términos de lecciones aprendidas, otros países han implementado estrategias exitosas que podrían servir de guía. En Canadá, provincias con programas de “switching” han logrado cuotas de mercado superiores al 70% en poco tiempo. Mientras tanto, en los países nórdicos, la adopción ha sido aún más pronunciada, alcanzando más del 90% para ciertos medicamentos. Estas transiciones han demostrado que es posible incrementar el uso de biosimilares sin comprometer la seguridad ni la efectividad de los tratamientos, gracias a políticas robustas de farmacovigilancia.
La situación actual de América Latina es una encrucijada. La baja adopción de biosimilares refleja una inercia que prioriza la fragmentación en lugar de la eficiencia y equidad. No es una cuestión de falta de capacidad técnica o evidencia, ya que varios países han demostrado tener marcos regulatorios adecuados. Lo que se requiere es una voluntad política renovada y una coordinación efectiva entre los diferentes actores del sector salud, desde autoridades hasta profesionales, para pasar del diagnóstico a la acción decidida. Implementar cambios en el uso de biosimilares es fundamental para garantizar el acceso equitativo a tratamientos innovadores y, a su vez, mejorar la sostenibilidad del sistema de salud.
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