El titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, la corporación castrense-policial nacida al amparo del actual Gobierno, es un militar vinculado a casos de tortura. Se trata del general de brigada retirado David Enrique Velarde Sigüenza, que asumió el cargo en enero de este año. Designado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, Velarde comandó anteriormente la desaparecida Policía Judicial Federal Militar (PJFM), brazo investigador de la Fiscalía castrense. Bajo su mando, agentes de la PJFM fueron acusados de tortura, retención arbitraria y detención ilegal.
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Polémica desde su advenimiento, la guardia, que cumple ahora dos años en operación, nació como un híbrido entre lo civil y lo militar. Desde el principio, la oposición y organizaciones de la sociedad civil criticaron que su aparición profundizaba en realidad la militarización de la seguridad pública en México, proceso iniciado durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006) y generalizado durante los de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018). En estos 18 años, el Ejército se ha hecho cargo de la seguridad en espacios cada vez mayores del territorio. Al mismo tiempo, las quejas de ciudadanos por abusos cometidos por militares han aumentado.
Generar contrapesos a la jerarquía de la Guardia Nacional surgió así como una exigencia al Gobierno. Olvidada en los primeros borradores de la ley de la corporación, la Unidad de Asuntos Internos apareció por las presiones de la oposición. Igual que ocurría con la extinta Policía Federal, el presidente tendría la facultad de nombrar a su titular. Su autonomía resulta una incógnita hasta la fecha. En casos de presunta mala praxis de su personal, la corporación suele apuntar que el comandante de la guardia, el general en retiro Luis Rodríguez Bucio, “instruye” u “ordena” a la Unidad de Asuntos Internos que investigue.
Otras acusaciones
A lo largo de los años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha detectado igualmente otros casos de tortura cometidos supuestamente por agentes de la PJFM durante los años de Velarde. En un informe divulgado en 2018, la oficina del ombudsman dio por probado que el brazo investigador de la fiscalía militar torturó y retuvo ilegalmente a un cabo, un sargento y un subteniente adscritos a un cuartel de Durango en enero de 2013.
Los militares declararon que los agentes de la PJFM les obligaron a confesar que trabajaban para el crimen organizado. En otro publicado el año pasado, la CNDH probó la tortura cometida por elementos de la corporación contra un soldado en Michoacán, en abril de 2010. Los agentes de la PJFM le acusaban de trabajar para La Familia Michoacana. Lo tuvieron retenido durante 17 días, tiempo en que le dieron golpes en todo el cuerpo, bofetadas y descargas eléctricas en pies y tobillos.
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Fuera ya de la PJFM, Velarde asumió la comandancia de un regimiento blindado a las afueras del penal del Altiplano, la cárcel de máxima de seguridad de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. Según narró el periodista Juan Veledíaz en la revista Proceso en julio de 2015, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) consideraba que Velarde era el militar responsable de la “seguridad perimetral de ese centro penitenciario”. Fue durante su guardia cuando Joaquín El Chapo Guzmán y sus secuaces cavaron un túnel bajo su celda hasta una casa a varios centros de metros del penal. El Chapo escapó. Veledíaz explicó que el cuartel de Velarde figuraba a apenas unos cientos de metros de la casa donde llegaba el túnel del narcotraficante.
