Entre junio y septiembre de 2017, 39 hombres y 8 mujeres de Tepic (Nayarit) desaparecieron. Trabajaban como mecánicos, albañiles, también como carpinteros y soldadores. El más joven tenía 23 años, el mayor, 53. Durante esos meses de verano, hombres con uniformes y armas de la Fiscalía estatal irrumpieron en sus hogares y en sus lugares de trabajo, mientras paseaban por la calle, y se los llevaron en vehículos que correspondían al brazo de investigación del Gobierno, según revela un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presentado este martes. La organización ha documentado los 47 casos y acusa a la Fiscalía de Nayarit de crímenes de lesa humanidad. En los años siguientes, los cuerpos de 25 de los desaparecidos se encontraron en fosas comunes. Al resto, todavía los buscan sus familias.
“Durante cuatro meses se cometió un ataque sistemático y organizado contra una parte de la población civil. Los casos se llevaron a cabo de una forma muy similar: con secuestros, carros, trajes y armas de la fuerza pública”, explica por teléfono Jimena Reyes, directora de FIDH para América. La organización ha documentado más de 70 casos de desapariciones forzosas, y en estos 47 ha encontrado pruebas contundentes de la participación de la Fiscalía de Nayarit. Con estos datos ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra un examen preliminar en México e investigue los crímenes.
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“A mí me desaparecieron a mi hermano en julio de 2017. Me mandaron a la Fiscalía: ‘Vaya, ahí lo van a tener’. Pero recibí un rotundo no, en la Fiscalía se rieron de mí, me victimizaron, le colocaron etiquetas a mi hermano… Para nosotros lo más importante era su vida”, ha contado este martes una mujer de Nayarit en una intervención por videoconferencia sin nombre ni imagen para proteger su seguridad. Las historias siguientes se igualan y complementan: los familiares de desaparecidos se unieron para tratar de presionar a la Fiscalía a investigar los crímenes, hicieron marchas y se reunieron con altos funcionarios. No consiguieron nada. “Se llevaron a nuestros hijos y en la Fiscalía del Estado nos han tratado como basura. Se han reído de nosotros. Pero no nos van a quitar la dignidad, nuestra prioridad es que se les haga justicia”, ha relatado otra mujer.
Enclavado en el Pacífico mexicano, Nayarit fue gobernado entre 2011 y 2017 por Roberto Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien el pasado 6 de junio fue arrestado por corrupción tras estar prófugo de la justicia. Bajo la Administración de Sandoval, el fiscal de este pequeño Estado de 1,2 millones de habitantes, fue Édgar Veytia, condenado en 2019 a 20 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.
El informe elaborado por la FIDH establece que ambos funcionarios públicos crearon una estructura criminal en el seno del Gobierno. Extorsionaron, despojaron de sus propiedades, torturaron y desaparecieron a ciudadanos. Además, a cambio de sobornos, se pusieron a disposición de cárteles como los Zetas, entonces brazo armado del Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva (y su célula nayarita, los Hs) o el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En algunos momentos trabajaron con más de un grupo a la vez. “Transformaron a Nayarit en un centro de operación para la elaboración de drogas sintéticas y el tráfico de las mismas”, se lee en el documento de la FIDH.
