El financiamiento colectivo, conocido como crowdfunding, ha supuesto un avance significativo en el acceso al crédito y la inversión en México. Sin embargo, su potencial para profundizar la inclusión financiera aún enfrenta desafíos regulatorios y fiscales que limitan su desarrollo. Gerardo Obregón, director general de Prestadero, abordó estas cuestiones en el contexto de la publicación de su “Reporte Anual 2025”.
Obregón destacó la misión de su empresa de ofrecer créditos justos y mantener un crecimiento ordenado en el sector. Sin embargo, el camino no es fácil, pues las plataformas de financiamiento colectivo operan bajo un esquema jurídico que presenta limitaciones estructurales. Uno de los principales obstáculos es el tratamiento fiscal que se aplica a estas plataformas, sobre todo el esquema de retenciones de ISR (Impuesto sobre la Renta). Este impuesto exige el descuento anticipado de una parte de los ingresos que generan los inversionistas, incluyendo los intereses, para su entrega al fisco como pago provisional.
En cifras concretas, las plataformas de crowdfunding enfrentan una retención del 20% sobre los intereses generados, en comparación con una ínfima tasa del 0.9% que aplican otros intermediarios financieros, como bancos y sociedades financieras populares (Sofipos). Esta diferencia genera una asimetría regulatoria que impacta negativamente en la liquidez del sistema financiero, restringiendo los recursos disponibles para reinversión y, por ende, la capacidad de conceder nuevos créditos.
El directivo enfatizó que dichas retenciones limitan el flujo de efectivo dentro de las plataformas. “Ese dinero que podría reinvertirse deja de circular, lo que impacta la cantidad de créditos que se pueden liberar”, afirmó. A pesar de ello, las plataformas han demostrado una notable capacidad de adaptación, implementando mecanismos como la emisión de comprobantes fiscales (CFDI) de retenciones, los cuales ofrecen mayor transparencia en el tratamiento tributario y facilitan el cumplimiento por parte de los inversionistas. Como resultado, los inversionistas ahora cuentan con mayor certidumbre en cuanto a cómo declarar sus ingresos y evitar conflictos con el fisco.
En el ámbito operativo, Prestadero liberó en 2025 un total de 1,672 créditos por un monto de 188 millones de pesos, tras recibir más de 81,657 solicitudes. En términos acumulativos, la plataforma superó los 1,259 millones de pesos colocados, y cuenta con más de un millón de usuarios registrados y 14,725 inversionistas activos.
Ante este panorama, el sector de financiamiento colectivo también busca integrarse más en la estrategia económica nacional. Obregón señaló que las Instituciones de Financiamiento Colectivo (IFC) pueden jugar un papel crucial en iniciativas como el “Plan México”, al ofrecer crédito accesible en condiciones competitivas. “Nos gustaría que nos incluyeran más… cada vez somos una industria más relevante y reconocida en el ámbito financiero”, subrayó.
El modelo de financiamiento colectivo permite alinear los intereses de inversionistas y acreditados, facilitando condiciones más eficientes sin recurrir a la intermediación tradicional. Según el reporte, la tasa promedio de los créditos se situó en 23.93%, mientras que los inversionistas lograron un rendimiento neto de 20.60%, cifras competitivas en el mercado de crédito al consumo.
Asimismo, la participación de mujeres en los créditos liberados alcanzó un 32.18%, un incremento notable respecto al 22% en 2020. Más del 66% de los créditos se destinaron a la consolidación de deudas, lo que demuestra cómo este financiamiento se utiliza para mejorar las condiciones financieras de los usuarios.
A pesar de los logros en inclusión financiera, Obregón concluyó que la consolidación del sector dependerá de ajustes regulatorios y una mayor articulación con políticas públicas. “La demanda no es solo por acceso, sino por mejores condiciones en tasas, oferta y educación financiera”, sentenció.
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