El pasado jueves, la firma global de consultoría Kearney presentó su Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2026, un documento que destaca un cambio significativo en el panorama de las inversiones globales. A medida que las tensiones geopolíticas aumentan, el capital no se está retirando, sino que se está reorientando hacia polos de innovación y economías más estables. En este contexto, Estados Unidos mantiene su liderazgo por décimo cuarto año consecutivo, aunque el nivel de entusiasmo entre los ejecutivos encuestados muestra una ligera disminución.
Asia ha incrementado su representación en el top 25 del índice, con más países que nunca en esta lista. Curiosamente, por primera vez, las capacidades tecnológicas han superado al desempeño macroeconómico en la valoración de los inversores, lo que refleja un cambio de prioridades en el contexto actual.
En un giro notable, México ha escalado del lugar 25 al 19 en el índice, posicionándose junto a países como China, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Brasil. Esta mejora ha sido atribuida a la implementación de la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, activa desde el 17 de julio de 2025, y a su creciente relevancia como destino para el nearshoring.
La encuesta fue realizada en enero, antes de que la guerra con Irán evidenciara más la vulnerabilidad de los países del Golfo Pérsico. Sin embargo, ya se preveía que el principal temor de los inversores era un posible conflicto en esa región y las posibles disrupciones en los mercados energéticos. Pese a la tensión, Emiratos y Arabia Saudita recibieron una alta calificación por su desempeño económico y su política industrial.
La reciente guerra ha cambiado la apreciación de las variables del índice y ha puesto de manifiesto que la infraestructura del Golfo puede verse afectada en un contexto bélico. Esto ha llevado a los inversores a incorporar una prima de riesgo mayor, dirigiendo sus capitales hacia destinos con menos exposición a conflictos bélicos. Aquí es donde México podría aprovecharse, dados su cercanía al mercado estadounidense, su menor riesgo bélico y su capacidad para fortalecer su seguridad energética; elementos que lo hacen más atractivo frente a opciones cuya rentabilidad es más vulnerable a la inestabilidad del Medio Oriente.
Sin embargo, este potencial se materializará solo si México logra corregir ciertas incoherencias institucionales que pesan tanto como su ubicación geográfica. Kearney subraya que, tras la capacidad tecnológica, factores decisivos como la eficiencia regulatoria, la movilidad de capitales y la protección de los derechos de los inversionistas son fundamentales. Sin embargo, la reciente Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar ha limitado esos derechos. Esta ley busca atraer inversión privada a proyectos públicos sin incurrir en deuda, pero restringe el arbitraje internacional y limita a los inversores a resolver disputas ante tribunales mexicanos, lo que puede generar inseguridad.
Los 507 altos ejecutivos encuestados por Kearney no demandan favores, sino certidumbre y mecanismos efectivos para la resolución de controversias en un mundo tan volátil. México tiene a su disposición no solo una geografía estratégica y integración regional, sino también un aumento palpable en su atractivo como destino de inversión. El aprovechamiento de esta oportunidad depende de decisiones políticas que alineen el marco jurídico con las expectativas del capital global, que ya ha mostrado predisposición a invertir en el país.
Con el panorama actual, México tiene una ventana de oportunidad. La capacidad de actuar frente a desafíos institucionales es crucial para que el país pueda consolidar su prometedor ascenso en el índice de inversión extranjera directa.
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