En un escenario marcado por la inminente fecha límite del 30 de junio, los operadores de telefonía e Internet en México han intensificado una campaña informativa para instar a los usuarios a inscribir sus líneas en el nuevo padrón de telefonía. Esta medida, impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), busca mejorar la seguridad en el país, aunque su implementación ha generado un fuerte debate dentro de la industria.
La Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) y la Asociación Mexicana de Operadores Móviles Virtuales (AMOMVAC) son dos de las entidades que lideran esta iniciativa. Ambas asociaciones representan a las principales compañías del sector, como AT&T, Telcel, Altán Redes y Movistar, abarcan un mercado de alrededor de 150 millones de usuarios en el país. Sin embargo, la CRT ha enfrentado críticas por su lenta respuesta ante la necesidad de llevar a cabo esta campaña. A pesar de estar encargada de liderarla, la comisión no ha sido efectiva en sus esfuerzos, lo que ha llevado a los operadores a asumir la responsabilidad de informar a los consumidores directamente.
A la fecha de publicación, se estima que solo 21.6 millones de líneas celulares han sido validadas, lo que representa apenas el 15% del total del mercado móvil. Esto plantea un desafío considerable, dado que las empresas deben registrar aproximadamente 2 millones de líneas cada día hasta el vencimiento del plazo, y se teme que aquellos que no lo hagan enfrentan la desactivación de sus servicios a partir del 9 de julio. La decisión del sector privado de lanzar su propia campaña surge como respuesta a la frustración con la CRT, afirmando que la falta de acción por parte de la autoridad podría resultar en una desconexión masiva de usuarios.
Además, la situación se complica aún más por la actividad en redes sociales donde ciertos influencers están promoviendo la no inscripción de estos números, contribuyendo a la desinformación. La Anatel y AMOMVAC han exhortado a la CRT a prestar atención a estas dinámicas, sugiriendo que se tomen medidas para contrarrestar esa tendencia.
La creación del padrón de telefonía, que comenzó su fase de registro el 9 de enero de 2026, tiene un costo estimado en 220.7 millones de dólares y está diseñado para combatir la delincuencia organizada. A pesar de sus intenciones, muchos en la industria creen que los plazos fueron mal planteados. Desde la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), se ha solicitado una prórroga, evidenciando la creciente preocupación por el cumplimiento de la normativa.
A medida que se acerca el 30 de junio, los operadores de telecomunicaciones continúan movilizándose para asegurar que sus usuarios se registren. La presión es alta y el tiempo se agota. La industria no solo busca cumplir con las reglamentaciones, sino también proteger a sus clientes de una posible desconexión que impactaría a millones en su comunicación diaria. En medio de esta carrera contra el tiempo, la eficacia y la comunicación clara serán fundamentales para enfrentar este desafío sin precedentes en la historia de la telefonía móvil en México.
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