Estrategias de Clara Brugada contra la extorsión

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, ha llevado al Congreso local una significativa iniciativa para reformar el Código Penal de la capital en relación con el delito de extorsión. Este movimiento surge en un contexto de creciente preocupación ciudadana, ya que la extorsión se ha consolidado como uno de los principales problemas de seguridad percibidos por la población.

El proyecto de Brugada busca alinear la legislación local con la Ley General en materia de Extorsión, aprobada a nivel federal en 2025, al mismo tiempo que introduce el nuevo tipo penal denominado “hostigamiento coercitivo”. La iniciativa ha sido enviada a las comisiones del Congreso para su análisis, en un entorno marcado por un pacto de “tolerancia cero” contra la extorsión, firmado por las autoridades judiciales y de seguridad de la ciudad.

Brugada ha enfatizado que el objetivo no solo es incrementar las penas, sino también aclarar las ambigüedades legales que han limitado la persecución de situaciones que, aunque no se consuman, generan un alto nivel de vulneración y temor en la población.

Entre las propuestas más relevantes se encuentra la derogación del artículo 148 Quáter del Código Penal local, el cual establecía un esquema de penas y agravantes para la extorsión. En su lugar, la iniciativa propone definir la extorsión siguiendo los criterios federales, considerándola como tal solo cuando de la conducta se derive un beneficio tangible para el delincuente. Por ejemplo, si alguien es obligado a pagar una “cuota” bajo amenaza para proteger su negocio, esta situación sería clasificada como extorsión.

Adicionalmente, se introduce el concepto de “hostigamiento coercitivo”, el cual se define como actos de amenaza o presión que, aunque no se consuman como extorsión, imponen violencia física o moral sobre la víctima. Este nuevo tipo penal contempla penas de tres a siete años de prisión y multas significativas, con aumentos de hasta el 50% en casos más graves, como aquellos que involucren armas o afecten a grupos vulnerables.

La iniciativa también incorpora nuevas agravantes relacionadas con el uso de contenido íntimo como mecanismo de presión y establece que tanto la extorsión como el hostigamiento coercitivo sean considerados delitos graves. Esto implicará ajustes en el tratamiento procesal de estos delitos y un enfoque más riguroso en su investigación.

Además, se prevé la modificación del artículo 148 Quinquies para penalizar la cobranza ilegítima cuando involucre violencia, con un incremento notable en las penas cuando la víctima sea forzada a realizar algún acto que beneficie al agresor. Esto responde a las nuevas modalidades de extorsión que emergen en la era digital, donde la suplantación de identidad y las amenazas virtuales son cada vez más comunes.

La llegada de esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de “tolerancia cero” impulsada por Brugada, quien ha resaltado la necesidad de no solo realizar cambios legislativos, sino también implementar políticas de protección para las víctimas y programas que fomenten la denuncia de estos delitos. Los datos respaldan esta urgencia: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los casos de extorsión denunciados en Ciudad de México aumentaron en un alarmante 260% entre 2024 y 2025, pasando de 473 a 1,704 denuncias, lo cual representa el mayor incremento en el país.

A pesar de más de 4,700 expedientes abiertos entre 2019 y 2025, solamente alrededor del 15% de las investigaciones por extorsión han tenido una resolución judicial. Este contexto exige acciones decisivas, tanto en la legislación como en la asistencia a las víctimas, para enfrentar un fenómeno que afecta a comerciantes y microempresarios, quienes viven bajo un continuo temor.

La iniciativa de Clara Brugada representa un paso firme hacia una mayor protección contra la extorsión, buscando no solo endurecer el marco penal, sino también construir un entorno más seguro para todos los habitantes de la capital.

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