La irrupción del coronavirus alteró de forma drástica la organización de las administraciones públicas. Las autonomías tuvieron que redoblar esfuerzos para afrontar los estragos de la pandemia en el sistema de salud, todas las administraciones se multiplicaron para intentar amortiguar el golpe económico que supuso el gran confinamiento y multiplicaron sus recursos para mantener los servicios públicos a pesar de las restricciones impuestas por la enfermedad. Tuvieron que contratar a toda prisa a miles de médicos, enfermeros, celadores, profesores, administrativos para que el SEPE pudiera pagar las prestaciones de los ERTE…
Esta situación ha generado en los últimos 14 meses un marco de estrés administrativo sin parangón, que se ha resuelto por medio de un incremento récord en la plantilla de empleados públicos desde que existen registros. Según los datos publicados el miércoles por el Ministerio de Función Pública, en España había 2.710.405 trabajadores públicos el pasado enero. Se trata de la cifra más alta de la serie histórica que se contabiliza desde 2002, y supone un aumento de 112.693 empleados en comparación con los de hace un año, un crecimiento del 4,15%.
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Pero no todo el nuevo empleo público creado es de buena calidad. Ha crecido la precariedad en la Administración pública. Asociado a esta ganancia de tamaño se ha desplegado un incremento de la tasa de temporalidad, que se sitúa en picos históricos. Según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2021, el 30,4% de los trabajadores públicos tenía un contrato temporal. Este valor es considerablemente mayor que el anotado antes de la llegada del coronavirus (27,5%).
“Se ha agudizado una tendencia prepandémica”, señala Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas. En su opinión, el auge de la interinidad, además de la falta de estabilidad que traslada a los temporales, tiene otros efectos igualmente nocivos. “El problema se agranda porque hay una serie de personas contratadas de manera eventual para cubrir puestos permanentes. Esto produce un desfase que reduce la productividad, puesto que este tipo de personas rotan más y no pueden tener el mismo rendimiento que aquellas que cuentan con una situación más estable”, amplía Torres.
Crecimiento desigual
El peso de la sanidad y la educación es predominante dentro del balance de reparto de los trabajadores públicos en las comunidades autónomas. Con los datos de Función Pública, de los 1.616.211 empleados de los que disponían en el primer semestre de 2021 (y dejando fuera a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de las que no se ofrecen datos disgregados por sectores), 610.983 se alojaban dentro de la docencia no universitaria (37,8%) y 568.117 en instituciones sanitarias (35,1%).
El refuerzo del personal público durante la pandemia, sin embargo, se ha llevado a cabo de manera desigual en las distintas administraciones con respecto a los registros del segundo semestre de 2020. Mientras que en las que dependen directamente del Estado el número de trabajadores ha disminuido (hay 1.417 menos), en las territoriales, tanto en las autonómicas como en las locales, la plantilla se ha incrementado (87.294 y 26.047 más, respectivamente).
Por territorios, Andalucía (300.018), Cataluña (211.437) y la Comunidad de Madrid (205.881) concentran el mayor número de trabajadores públicos ―así ha venido siendo históricamente―, y aquellos que menos personal aglutinan (dejando al margen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla) son La Rioja (12.525), Cantabria (24.233) y la Comunidad Foral de Navarra (28.212). Sin embargo, en relación con el número de habitantes, Extremadura (50,2%), Aragón (42%) y Cantabria (41,7%) presentan una mayor concentración de empleados públicos.
Rectificación del Supremo
La lucha contra la temporalidad concentra la actividad del Ministerio de Función Pública en las últimas semanas. El departamento que dirige Miquel Iceta está diseñando un plan para lograr la estabilización de los 310.000 interinos con los que cuentan las administraciones, según sus cálculos ―los sindicatos elevan esta cifra hasta los 800.000―, a través de un concurso-oposición en el que los años de experiencia tendrán un peso importante en la evaluación. Por medio de este sistema de acceso, desde el ministerio pretenden favorecer a aquellos interinos que acumulen más de tres años de permanencia. Quienes no logren superar la prueba serán incluidos en bolsas de empleo específicas para facilitar su reingreso.
Mientras se definen los parámetros del modelo y se acuerdan las modificaciones del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para impedir que la temporalidad vuelva a cronificarse, el Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo al plan del Gobierno rectificando su doctrina sobre los interinos. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considerase contraria al derecho comunitario la jurisprudencia española que permitía alargar el plazo límite de tres años si no se había resuelto el proceso selectivo, esta semana el alto tribunal rectificó esta salvedad y fue más allá al decretar que de superarse este periodo de tiempo el trabajador pasará a adquirir la condición de indefinido no fijo. Esto es, mantendrá la plaza de manera continuada hasta que esta salga a concurso, al que podrá presentarse para obtenerla de manera fija en competencia con los demás candidatos.
