La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se reunió recientemente con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en un encuentro crucial en la Ciudad de México. La reunión tuvo como objetivo entregar información clave relacionada con un operativo llevado a cabo en el municipio de Morelos, donde se desmantelaron laboratorios clandestinos de metanfetaminas. Este operativo, que se desarrolló entre el 15 y el 19 de abril, trajo consigo un saldo trágico: la muerte de cuatro agentes, entre ellos dos estadounidenses, en un accidente vial en la zona de Batopilas.
Durante esta reunión, Campos presentó los avances en las investigaciones, reafirmando así el compromiso de su gobierno para colaborar estrechamente con la Federación. Este compromiso es fundamental, en un momento en que se generan dudas sobre la posible participación de personal extranjero en las operaciones de seguridad en el país. En un contexto de creciente escrutinio y presión política, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que toda comunicación relacionada con este caso se manejará exclusivamente a través de García Harfuch, quien será el enlace entre el gobierno estatal y federal.
Sheinbaum enfatizó que el secretario explicó los principios legales que rigen la cooperación con gobiernos extranjeros, confirmando que en este caso específico no se habrían seguido los procedimientos adecuados. A pesar de que la mandataria describió el diálogo como “cordial”, también dejó claro que el seguimiento de la situación dependerá de la información proporcionada por el gobierno de Chihuahua.
Maru Campos, por su parte, expresó su total respaldo a la estrategia de seguridad federal, subrayando la importancia de la coordinación entre niveles de gobierno para asegurar la paz y el Estado de Derecho. En una declaración, destacó que el trabajo conjunto ha sido fundamental para la reducción de la violencia en la entidad, comprometiéndose a mantener un canal de comunicación constante con las autoridades federales para el seguimiento de las investigaciones.
Este caso se desarrolla en medio de un clima político tenso, donde legisladores del partido Morena han comenzado a plantear la posibilidad de un juicio político contra la gobernadora, argumentando posibles violaciones a la soberanía nacional debido a la participación de agentes extranjeros. Mientras tanto, la Federación mantiene el control sobre los avances del caso en un intento por esclarecer los hechos y delimitar responsabilidades.
Con esta situación, el desafío para la gobernadora Campos no solo radica en la coordinación sanitaria entre los diferentes niveles de gobierno, sino también en manejar las tensiones políticas que podrían surgir a raíz del operativo. La búsqueda de justicia y claridad en este delicado asunto sigue siendo una prioridad para las autoridades involucradas, en una lucha constante por restablecer la seguridad y el Estado de Derecho en la región.
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