Proponen Intérpretes de Señas en Salud

En un esfuerzo por mejorar la accesibilidad de los servicios de salud para las personas con discapacidad auditiva en Michoacán, la diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha presentado una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado y a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Esta propuesta busca garantizar la disponibilidad permanente de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en todos los servicios de salud, tanto públicos como privados.

La diputada enfatizó que, aunque el derecho a la protección de la salud está consagrado en el artículo 4° de la Constitución, la realidad es que las personas con discapacidad auditiva continúan enfrentando severas barreras comunicativas en consultas, hospitalizaciones y situaciones de emergencia médica. Estas barreras pueden llevar a diagnósticos imprecisos y tratamientos inadecuados, e incluso, a la negación del servicio.

Según estimaciones, en Michoacán hay más de 56,000 personas que viven con discapacidad auditiva. Arreola Ruiz señaló que la falta de mecanismos de comunicación adecuados no solo vulnera su derecho a la salud, sino que también se considera una forma de discriminación indirecta.

Cabe resaltar que la Lengua de Señas Mexicana está reconocida como una lengua nacional y forma parte del patrimonio lingüístico de México. Además, el país es signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados a asegurar el acceso a servicios de salud sin discriminación y a proporcionar medios de comunicación apropiados.

Sin embargo, la actual legislación carece de obligaciones claras que garanticen la presencia de intérpretes en situaciones críticas de atención médica. En respuesta, la iniciativa de Arreola Ruiz contempla varios aspectos clave. Primero, añadir un artículo a la Ley de Salud que obligue a las instituciones de salud a garantizar la accesibilidad en la comunicación a través de intérpretes certificados o mecanismos alternativos, especialmente en contextos de urgencia. Segundo, reformar la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad para armonizar las disposiciones y establecer explícitamente la obligación de garantizar esa accesibilidad en todos los servicios de salud.

Además, se propone que las autoridades sanitarias estatales emitan los lineamientos necesarios para cumplir con estas disposiciones, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas que faciliten una comunicación efectiva y en tiempo real.

“Garantizar la comunicación en los servicios de salud no es un privilegio, es una condición indispensable para salvar vidas”, concluyó la diputada. Esta reforma representa un paso significativo hacia un sistema de salud más inclusivo y accesible, que reconozca y respete la diversidad de la población.

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