El Partido Acción Nacional (PAN) se ha manifestado en apoyo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en medio de un controversia originada por la participación de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en el desmantelamiento de uno de los laboratorios de drogas sintéticas más grandes del país, ubicado en territorio chihuahuense.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero, vehemente en su respaldo, declaró: “En Chihuahua se combate al crimen organizado, no se negocia con él. Maru Campos ha demostrado carácter, decisión y compromiso para enfrentar a los cárteles”. Esta postura resalta el compromiso del partido en enfocarse en el desmantelamiento del narcolaboratorio y el combate al crimen organizado, a pesar de que se ha desviado la atención hacia conflictos políticos.
Romero señaló que las discusiones han girado en torno a la politización del asunto, donde el gobierno federal ha desviado la atención de la situación real. “La responsabilidad recae en el gobierno federal”, aseguró, reconociendo que corresponde a la Federación autorizar y supervisar la participación de agentes extranjeros, y cuestionando si la falta de coordinación se debió a un desconocimiento del hecho o si, por el contrario, hubo una complicidad.
El contexto de esta situación se intensificará el próximo martes 28 de abril, cuando se espera que la gobernadora y el fiscal estatal, César Jáuregui, comparezcan ante el Senado de la República. Esta comparecencia se torna más relevante dado que Jáuregui previamente ofreció versiones contradictorias sobre el papel de los agentes de la CIA en este operativo.
La respuesta de otros sectores políticos no se ha hecho esperar. Ignacio Mier, líder morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, ha criticado la defensa del PAN, destacando que la presencia de agentes extranjeros sin autorización federal es una grave violación a la soberanía nacional. “La Constitución no es opcional”, afirmó, recordando el Artículo 89, que establece que la seguridad nacional es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal.
Además, en un acto del Congreso de Chihuahua, se rechazó una solicitud para que la gobernadora comparezca ante el Legislativo. Un punto de acuerdo propuesto por Morena fue desestimado con 17 votos en contra y 12 a favor, reflejando la polarización política que rodea este tema.
Mientras la situación se desarrolla, el debate sobre la legalidad y las implicaciones de la participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad en México continúa siendo un punto focal en las discusiones políticas. La transparencia y la rendición de cuentas se han vuelto exigencias insoslayables en un momento donde la seguridad y el respeto a la soberanía nacional son más críticos que nunca.
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