La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York ha presentado una acusación formal contra Rubén Rocha Moya, el gobernador de Sinaloa, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios, vinculándolos con el cártel de “Los Chapitos”. Las acusaciones incluyen la facilitación de operaciones de tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
El documento judicial alega que Rocha Moya, quien asumió el cargo en 2021, recibió apoyo del crimen organizado para ganar la gubernatura. Supuestamente, el gobernador mantuvo reuniones con Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán López, líderes del cártel, donde se pactó su triunfo electoral a cambio de nombrar a funcionarios leales al grupo delictivo en posiciones clave.
La acusación también indica que, durante la jornada electoral de 2021, miembros del cártel cometieron actos de violencia, tales como el robo de urnas y la intimidación de opositores, además de que mandos policiacos habrían recibido órdenes de no intervenir ante estos delitos. La relación del gobernador con el cártel continuó una vez en el poder, permitiendo que “Los Chapitos” consolidaran su control sobre diversas corporaciones estatales y municipales, incluyendo la Fiscalía de Sinaloa y la Policía Estatal.
Se menciona un esquema de sobornos mensuales a funcionarios y mandos policiacos, destacando que el actual subprocurador del estado, Dámaso Castro Zaavedra, recibía alrededor de 11,000 dólares al mes para alertar al cártel sobre operativos de las autoridades estadounidenses. Otro de los casos más impactantes involucra a Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, quien está acusado de colaborar en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA.
Las penas para los acusados, en caso de ser condenados, podrían ascender hasta 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.
Rocha Moya ha rechazado de manera categórica las acusaciones, afirmando que carecen de veracidad y fundamento. En un mensaje en redes sociales, el gobernador aseguró que se demostrará su inocencia en el momento oportuno. Afirmó contar con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que no alteraría su agenda pública a pesar de la situación.
En respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ha informado que recibió solicitudes de extradición de Estados Unidos, pero ha determinado preliminarmente que los expedientes carecen de pruebas suficientes. Estas solicitudes fueron enviadas a la Fiscalía General de la República para su evaluación conforme a la legislación mexicana.
La Embajada de EE. UU. en México ha resaltado que estas acciones judiciales son parte de un esfuerzo conjunto para combatir la corrupción y el crimen transnacional, reafirmando su compromiso de colaborar con México en el fortalecimiento del Estado de derecho.
La situación se presenta en un contexto de creciente preocupación por el tráfico de drogas y la violencia asociada en México, abriendo un debate sobre la corrupción y la relación entre las autoridades y el crimen organizado. Las repercusiones de este caso podrían ser significativas, tanto a nivel estatal como en la percepción pública sobre la integridad de los funcionarios en el país.
[Actualización correspondiente a 2026-04-30 01:37:00].
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