El 29 de abril de 2026 se registraron acontecimientos sin precedentes en el ámbito político de México, específicamente en Sinaloa. El fiscal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) presentó acusaciones formales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios. Las acusaciones giran en torno al tráfico de drogas, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como la posesión de armas automáticas y dispositivos destructivos. El comunicado, respaldado por el fiscal federal del SDNY y el administrador de la DEA, sugiere que el Cártel de Sinaloa no infiltró el gobierno de Sinaloa; más bien, el gobierno sería parte del cártel.
Lo impactante del caso es que el expediente alega que Rocha Moya no solo fue corrompido por el narcotráfico tras asumir el cargo, sino que su ascenso al poder fue facilitado por la mencionada organización criminal. Iván Archivaldo y Ovidio Guzmán, conocidos como Los Chapitos, habrían llevado a cabo una campaña marcada por estrategias ilegales, como el robo de urnas y el secuestro de opositores antes de las elecciones. Este intrincado entramado de corrupción se habría gestado desde el inicio de su campaña electoral, con la complicidad de figuras como el empresario Enrique Díaz Vega, quien ocupó el cargo de secretario de Administración y Finanzas en la administración de Rocha.
Una vez en el cargo, Rocha Moya mantuvo reuniones con Los Chapitos y cumplió con lo pactado: entregó el control de la Fiscalía estatal y de las fuerzas policiacas. Se destaca que Dámaso Castro Saavedra, subprocurador, recibió 11,000 dólares mensuales a cambio de filtrar operativos, mientras que el excomandante de la policía de Culiacán, “Juanito” Valenzuela Millán, enfrenta serias acusaciones de secuestro, tortura y asesinato de un informante de la DEA en octubre de 2023. En este entramado se encuentra también el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, quien es senador y fue secretario general del gobierno anterior.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Rocha Moya las descalificó categóricamente. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió las solicitudes de extradición y las remitió a la Fiscalía General de la República (FGR), argumentando que dichas solicitudes no incluían pruebas. Este manejo de la situación plantea interrogantes sobre las intenciones de proteger al gobernador.
La presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a un reto crucial en su administración. Su respuesta debe ser balanceada: ni defender incondicionalmente al gobernador ni fomentar una retórica de intervencionismo. México debe demostrar su voluntad de depurar sus instituciones, lo que implicaría implementar cuatro acciones concretas. Primero, establecer que la impunidad no será tolerada, sin importar el cargo o el partido. Segundo, ordenar a la FGR que inicie investigaciones sobre los funcionarios en activo, comenzando por el senador Inzunza Cázarez, sin esperar directrices de Estados Unidos. Tercero, promover un análisis objetivo sobre si Rocha Moya debe continuar en su puesto, priorizando la estabilidad y la paz social en Sinaloa. Por último, exigir formalmente que las evidencias en posesión del SDNY sean compartidas con las autoridades mexicanas para colaborar en la investigación y recuperar así soberanía sobre el proceso judicial.
Las decisiones que tome la presidenta Sheinbaum en las próximas 48 horas tendrán un impacto significativo en su gobierno, reflejando la firmeza en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en México.
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