Misión Sinaloa

Hace cinco años, Sinaloa vivió una intensa jornada electoral marcada por la competencia entre 11 formaciones políticas que buscaban renovar 18 ayuntamientos, 24 diputaciones locales y la gubernatura del estado. En el centro de esta contienda se encontraban dos figuras prominentes: Rubén Rocha Moya, postulado por Morena y el Partido Sinaloense, y Mario Zamora, quien llevó la bandera del PRI, PAN y PRD. Este último, exdirector de la Financiera Rural y cercano a José Antonio Meade, se enfrentaba a un candidato que, hasta entonces, había sido senador y exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La importancia de estos comicios se incrementaba por su coincidencia con las elecciones federales intermedias durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Rocha Moya, un hombre originario de Badiraguato, se enfrentó al desafío adicional de realizar su campaña en medio de la pandemia de Covid-19, limitando el contacto con los votantes. A pesar de estos retos, fue capaz de captar el apoyo del 56.6% de los votantes en las elecciones del 6 de junio, frente al 32.4% que recibió Zamora, quien no tardó en impugnar los resultados. La diferencia en votos superaba los 265,000, lo que hizo que su reclamo sonara extraño.

En un ambiente de tensión, Zamora denunció irregularidades, incluida la retención de su estructura electoral y sucesos de robo de urnas relacionados con grupos armados. Recientemente, se han revelado acusaciones adicionales que involucran a Rocha Moya y su relación con el crimen organizado. Según fiscales federales en la Corte de Nueva York, el entonces candidato morenista mantuvo reuniones con Iván y Ovidio Guzmán, integrantes del cártel de Sinaloa, para formalizar un acuerdo que garantizara su victoria electoral. A cambio, prometió incluir a miembros del cártel en posiciones gubernamentales clave.

El contador Enrique Díaz Vega, propuesto como secretario de Administración y Finanzas, desempeñó un papel crucial al facilitar la intimidación de los opositores de Rocha Moya. Según la denuncia, les proporcionó información sobre sus direcciones a los líderes del cártel, asegurando así la ausencia de esos competidores en la contienda electoral. Este engranaje de corrupción permitió al crimen organizado consolidar su influencia sobre la administración estatal, una situación que, según los fiscales, ha dejado al cártel operando con la protección de numerosos funcionarios dedicados a salvaguardar sus actividades ilícitas.

En un contexto menos turbulento, el Estadio Akron, que será sede de eventos mundialistas, enfrenta problemas significativos de conectividad debido a una medida del cabildo de Zapopan, lo que ha generado preocupaciones entre empresas de telecomunicaciones. Mientras tanto, el exgobernador priista Rubén Figueroa se reunió recientemente en la Ciudad de México con otros exmandatarios, incluido Ángel Aguirre Rivero, aunque el contenido de sus charlas sigue siendo incierto.

La historia de las elecciones de Sinaloa no solo refleja los desafíos de la política local, sino también las complejas interacciones entre instituciones y el crimen organizado, revelando una realidad que continúa afectando no solo al estado, sino a todo el país.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.